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Economia

atribuciones de Cámara de Regiones en comisión de la Convención Constitucional

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Un tercer acuerdo fue alcanzado a medianoche por la Comisión de Régimen Político de la Convención Constitucional en cuanto al diseño del llamado bicameralismo asimétrico, resolviendo el nudo principal referido a las atribuciones del El Congreso y la Cámara de las Regiones, que tendrán entre sus competencias la injerencia en materia de salud, vivienda, gasto fiscal regional y reformas constitucionales.

Pero llegar a un entendimiento no estuvo exento de dificultades: fricción entre PC convencional y PS Debido al incumplimiento de la palabra empeñada en los acuerdos anteriores, las conversaciones se tornaron tensas. Y a eso se suma que, a diferencia de los dos primeros acuerdos, en esta ocasión no firmaron las indicaciones convencionales de la Coordinadora Plurinacional y Pueblo Constituyente, quienes se sumaron al Colectivo de Aprobación ya los convencionalistas de Vamos por Chile en no participar de las negociaciones.

El texto de 24 indicaciones que ahora la comisión debe analizar y votar y luego el pleno, en busca de los 103 votos, para poder aprobar el proyecto de nueva Constitución fue firmado, entre otros, por Ricardo Montero (PS), Jaime Bassa (FA), Fernando Atria (FA), Patricia Politzer (INN), Marcos Barraza (PC) y Bárbara Sepúlveda (PC).

Centralmente, establece la Temas en los que interviene la Cámara de las Regiones en el proceso legislativo: “Solo las leyes de convenio regional son las que reforman la Constitución. Las que implementen el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a la vivienda; presupuestos; los que aprueban el Estatuto Regional; las que regulan la elección, designación, competencias, atribuciones y procedimientos de los órganos y autoridades de las entidades territoriales”.

Se establece que el El Congreso de los Diputados y Diputadas es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional que representa al pueblo. Concurre a la formación de las leyes y ejerce las demás atribuciones que le encomienda la Constitución. consistirá en un número no menos de 155 miembross que serán elegidos por voto popular conjuntamente con las autoridades comunales y regionales, tres años después de las elecciones presidenciales y congresales.

Además, es atribución exclusiva del Congreso de los Diputados y Diputadoss Declarar si han sido fundadas las acusaciones constitucionales que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen contra el presidente, ministros o miembros de la Corte Suprema.

Con respecto a proceso de formación de leyes se determinó que “las leyes deben ser aprobadas, modificadas o derogadas por el Congreso de los Diputados. Tratándose de ley de convenio regional, la Presidencia del Congreso remitirá el proyecto aprobado a la Cámara de las Regiones para que continúe con su tramitación. Terminado este trámite, será remitido al Presidente de la República para su promulgación.”

Sobre el papel de la Cámara de las Regiones para la formación de la ley se indica que al recibir un proyecto “se pronunciará aprobándolo o rechazándolo. De ser aprobada, la iniciativa será enviada al Congreso para su despacho al Ejecutivo, quien será el responsable de su promulgación. En caso contrario, si fuere rechazada, la tramitará y propondrá al Congreso las reformas que estime pertinentes”.

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Reforma al SEIA: no todo es lo que parece

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De buenas a primeras, este cambio no pareciera generar un conflicto jurídico, ya que se trataría de una adecuación del reglamento a la ley. Sin embargo, como ya nos ha acostumbrado el Gobierno, lo que se dice no es lo que se hace y no todo es lo que parece. En este caso, lo que pareciera ser una reforma que busca adecuar el reglamento a la ley, en realidad es una norma administrativa que trata materias legales, vulnerando abiertamente la Constitución.

“Lo que pareciera ser un cambio que busca adecuar el reglamento a la ley marco sobre cambio climático, en realidad es una norma administrativa que trata materias legales, vulnerando abiertamente la Constitución”.

¿Dónde se advierte esto?

Primero, en los contenidos exigidos para las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Como es sabido, se exige Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a los proyectos que generan impactos medioambientales (por ejemplo, que pongan en riesgo la salud de las personas), y por su parte, se exige DIA a aquellas actividades que no producen impactos ambientales significativos, por lo que el procedimiento de evaluación es simplificado y menos regulado. ¿Dónde se establece esto? En la Ley de Bases Generales de Medioambiente (Ley 19.300). Es la Ley, la norma que establece en qué casos se exigirá una DIA o un EIA y cuáles son las materias que deberá contener la respectiva declaración o estudio.

¿Qué hace la reforma al Reglamento del SEIA? Agregar el “plan de seguimiento de variables ambientales” como contenido mínimo a las DIA que, por ley, hoy sólo se exige a los EIA. ¿Cuál es la motivación de esta modificación? Queda en evidencia que el Gobierno pretende enmendar la Ley 19.300 vía administrativa, eludiendo el proceso legislativo, lo que no sólo vulnera la Carta Fundamental, sino que además amplía la competencia del SEA, complejizando aún más la gestión y aprobación de los proyectos.  Es importante tener en cuenta que los proyectos o actividades evaluados mediante EIA corresponden al 5% de los ingresos, mientras que el 95% a las DIA.

Segundo, al agregar a las DIA la exigencia de tener un plan de seguimiento ambiental, se busca ampliar la aplicación de la figura de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a casos donde la ley no lo ha considerado. Esto también contiene un vicio de inconstitucionalidad, ya que dicha ampliación debe necesariamente realizarse por ley.

Tan evidente son estos vicios que el propio proyecto de ley, conocido como “Evaluación Ambiental 2.0” ingresado por este Gobierno, justamente pretende modificar aquello que es incorporado inconstitucionalmente vía administrativa. Es decir, el Ejecutivo reconoce, en virtud de sus propios actos, que las modificaciones reglamentarias aludidas, son, en efecto, materias de ley.

En un contexto de aumento desempleo, de parálisis de la economía y de una burocracia sin precedentes parece inconcebible este tipo de “medidas”, que no sólo demuestran la indolencia de las autoridades, sino que, peor aún, transgreden las reglas constitucionales.

#Reforma #SEIA #todo #parece

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A3D busca que Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, declare en caso de demanda por competencia desleal

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El verano trajo más turistas extranjeros al país, pero aún son menos que antes de la pandemia

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