En una sesión accidentada, donde no faltaron declaraciones ofensivas contra las grandes mineras, los burócratas y el presidente Boric, la Cámara de Diputados aprobó por 101 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, la creación de una regalía para la gran minería. , para los que se aplican tipos entre el 8% y el 26% en función del margen de explotación y supondrá una carga fiscal máxima del 46,5% para aquellas faenas superiores a 80.000 toneladas y del 45,5% para operaciones entre 50.000 y 80.000 toneladas, así como un Ad Valorem componente del 1% sobre las ventas anuales de cobre.
El proyecto recaudará el equivalente al 0,45% del PIB, es decir, unos US$ 1.350 millones.
“Los recursos que se generarán financiarán obras, infraestructura, planes y programas en investigación y desarrollo y en la reducción de la inseguridad en Chile”dijo el ministro Mario Marcel.
“Este es un proyecto pro crecimiento, porque los recursos que se van a generar financiarán obras, infraestructura, planes y programas de investigación y desarrollo y para reducir la inseguridad en Chile”, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Y es que durante el trámite en el Senado se sumaron al proyecto tres fondos de beneficio regional y comunitario con aportes anuales por un total de US$ 450 millones, durante 10 años.
Dichos fondos son: Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (US$225 millones); Fondo de Comunas Mineras (US$55 millones), que beneficia a 32 municipios, y Fondo de Apoyo a la Equidad Territorial (US$170 millones), que entrega recursos a 302 comunas. En conjunto, aportan dinero a 309 comunas, el 89% del total de municipios del país. Además, y en respuesta a los reclamos de los parlamentarios de las regiones del norte, Hacienda y el Senado llegaron a un acuerdo para crear otros tres instrumentos: Fondo Puente para apoyar a las regiones y municipios al 2024 (US$112,5 millones); uno para Seguridad Ciudadana (US$350 millones) y otro para inversión en infraestructura en las regiones del norte (US$200 millones).
La amplitud de estas aportaciones explica el apoyo mayoritario a la iniciativa, que contó con votos de la oposición y el rechazo de republicanos e independientes.
La ministra de Minería, Marcela Hernando, indicó que “uno de los aspectos más importantes para el sector minero y la inversión es la seguridad jurídica. Actualmente existen US$73.600 millones en 53 proyectos mineros, cuya inversión se encuentra en un 60% de avance. Esa inversión tiene más posibilidades de materializarse para 2031 ahora que tenemos una regalía. Durante 2022 tuvimos diálogos permanentes con diferentes actores de la industria, la mayoría de ellos, grandes empresas mineras, estuvieron de acuerdo con esta regalía”.
Lo que dicen los expertos
Loreto Pelegrí, socia de PwC Tax & Legal, señaló que la normativa “nos coloca dos puntos por encima de Perú y Australia, restando competitividad”. Aunque reduce la incertidumbre, Pelegrí estimó que hubiera sido mejor para la industria incorporar la invariancia tributaria.
Por su parte, Jorge Cantallopts, director ejecutivo de Cesco, celebró la aprobación como “una excelente noticia”. Y aunque todavía se puede considerar que la tasa aprobada “nos deja en niveles relativamente altos en comparación con otros distritos mineros, es muy valioso encontrar consensos tan amplios”, subrayó. “Ahora debemos trabajar para encontrar mecanismos que devuelvan a la minería chilena a los primeros lugares de competitividad”, dijo.
Cómo afecta a las empresas mineras
“Con la aprobación del proyecto finaliza un período de casi 5 años de incertidumbre que ha afectado las inversiones en la industria minera”, dijo Jorge Riesco, presidente de Sonami. “Éramos escépticos de que nuestros argumentos técnicos pudieran ser tratados en la Cámara Baja, incluso temíamos que lo que saliera del Senado pudiera empeorar. Esto no ha pasado”, dijo el directivo.
“Hay que reconocer que lo que finalmente salió es mejor que lo que pretendía en principio el Ejecutivo, con una carga tributaria máxima del 50%. El Ministro Marcel entendió nuestros argumentos e hizo varios ajustes al proyecto. Lo más relevante de esta iniciativa es que, por primera vez, se destinan recursos directos a las regiones mineras”, destacó Riesco, quien señaló menos incentivos a la inversión. “Se podría haber considerado un plazo de invariabilidad tributaria no menor a 15 años, con el propósito de dar certidumbre y seguridad al sector para desarrollar sus proyectos”, dijo.
sesión folclórica
El ambiente de la sesión fue electrizante. El diputado Gonzalo Rivas (PdG) anunció que votaría a su favor y dijo que si fuera Presidente de la República “renacionalizaría la minería del cobre”. Se quitó un zapato, lo mostró en la recámara y dijo que con él despediría a las empresas extranjeras.
Gonzalo de la Carrera, por su parte, calificó de “inconstitucional” el proyecto, que afectaría negativamente la inversión y el desarrollo del país: “donde se come no se defeca”, dijo, recibiendo una reprimenda del vicepresidente primero, Carlos Bianchi. Otro de los que provocó la regañina de Catalina Pérez (RD), vicepresidenta segunda, fue el diputado Luis Sánchez (Partido Republicano), por ofender al Presidente al decir que “es el Presidente el que está sacando la plata para pagarle grandes sueldos a sus amigos”. ” .
Una nueva alerta se ha levantado en torno al futuro de una iniciativa considerada clave en el segmento de transmisión. Se trata del proyecto interregional “Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue-S/E Hualqui” de la empresa Mataquito Transmisora de Energía S.A. -perteneciente al grupo Celeo Redes Chile- que involucra a 20 comunas de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, y contempla una inversión de US$ 324 millones. Además, permitiría transportar la energía de 18 nuevos proyectos de generación renovable.
La iniciativa de Celeo (de origen español), vista como crucial para elevar la calidad de suministro y confiabilidad del sistema eléctrico en las regiones mencionadas y que se erige como el segundo proyecto más grande en transmisión en el país en estado de tramitación, enfrenta días decisivos en su evaluación ambiental iniciada hace cuatro años y que cuenta con tres participaciones ciudadanas: el viernes se emitió el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) donde se recomendó el rechazo de la línea de transmisión.
Lo anterior, en virtud de observaciones tendientes a la salvaguarda del bosque nativo identificado en dos de las 1.387 torres que se consideran en el trazado de 395 kilómetros.
En el documento de 592 páginas, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) recomienda rechazar el EIA del proyecto, basándose en que, “el proyecto no cumple parcialmente con la normativa de carácter ambiental vigente contenida en el numeral 10 del presente informe”. Se añade que el titular “no acreditó el cumplimiento de los requisitos de otorgamiento de carácter ambiental de los permisos ambientales sectoriales establecidos en los artículos 132, 138, 140, 146, 148, 149, 151 y 160 del Decreto Supremo Nº40 de 2012 (…), en virtud de persistir observaciones por parte de los respectivos órganos competentes sobre los contenidos técnicos y formales necesarios para otorgar los permisos antes referidos”.
También, se plantea que el titular “no aportó la información suficiente que permitiera acreditar que las medidas de mitigación, reparación y/o compensación propuestas se hagan cargo adecuadamente de los impactos significativos del proyecto sobre los componentes flora y vegetación”, y que “no aportó la información suficiente que permitiera descartar la generación de riesgo para la salud de la población, efectos adversos significativos sobre recursos naturales renovables y alterción del patrimonio cultural”.
Pero además, se argumenta que el titular “no aportó la información suficiente que permitiera descartar la aplicabilidad del permiso ambiental sectorial establecido en el artículo 150”. En el detalle, en el documento se recoge que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) sostiene que “no es posible descartar la intervención y alteración de hábitat para los bosques nativos de preservación y para las especies declaradas como monumento natural” dado que estima que no se justifica científicamente ni técnicamente la propuesta.
“Lo anterior sumado a lo señalado en las observaciones de línea base, en cuanto a la intervención de bosques nativos de preservación en las torres 75 del ramal que va desde la S/E Hualqui a la S/E Chiguayante, y torre 86-DH, y alteración de hábitat para la formación BNP-37, BNP-18 y posiblemente a BN-65, por lo cual esta Corporación considera que el proyecto no cumple con la legislación ambiental y no presenta el permiso ambiental sectorial correspondiente”, se consigna de lo señalado por la Corporación.
La iniciativa forma parte del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Zonal decretado por el Ministerio de Energía.
Gremios reconocen preocupación
Las alertas se activaron en los gremios. Desde Transmisoras de Chile aseguraron que “los impactos de un eventual rechazo en esta tramitación son tremendamente preocupantes”. Según explicaron, “se trata de una línea clave para la estrategia nacional de descarbonización, el segundo proyecto más grandes después de Kimal-Lo Aguirre (línea de transmisión que busca unir Antofagasta y Santiago), a partir del cual se habilitaría la conexión de más de 3.700 MW de energía renovable, mejorando las condiciones de seguridad de suministro eléctrico para 20 comunas de tres regiones que hoy están en condiciones sistémicas muy precarias”.
“El tema de fondo es que no está existiendo un balance adecuado entre los beneficios sistémicos y ambientales que se generan a partir de la puesta en marcha de un proyecto de este tipo, y sus posibles consecuencias, a las que se les está asignando un peso mayor en su evaluación a pesar de que pueden estar condicionadas a soluciones alternativas, como ocurre en este caso”.
Mientras, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), mostró su “profunda preocupación” por la marcha del proceso de evaluación ambiental del proyecto. En una declaración, detallaron que la iniciativa busca mejorar la calidad del suministro eléctrico para el abastecimiento de energías limpias y baratas, de hogares y consumidores de energía, “toda vez que en la actualidad, el sistema eléctrico de esas comunas se encuentra muy exigido, lo que provoca interrupciones de suministro, mala calidad de servicio y la imposibilidad de agregar nuevos usuarios, afectando con ello el desarrollo del comercio y la industria en general y, por ende, el crecimiento de nuestra economía”.
Acera destacó que la materialización del proyecto resulta fundamental, tanto para la integración a la red eléctrica de proyectos de energía renovable y de almacenamiento por un total de 3.700 MW, equivalentes al 11% de la capacidad instalada de generación de energía en Chile, valorizados en US$ 4.000 millones de inversión, como para la creación de más de 10.000 empleos, asociados a la construcción de los mismos.
Y afirmaron: “Estamos ciertos que existen mecanismos institucionales vigentes para el cumplimiento de los estándares ambientales exigibles a los proyectos de transmisión, o a cualquier otro, los cuales deben ser aplicados oportuna y eficientemente. Por esta razón, esperamos que luego de una larga tramitación, se realicen todos los esfuerzos para la aprobación de este proyecto, incorporando las condiciones que sean necesarias para su correcta ejecución, y así no retroceder ni empantanar el acceso a tarifas eléctricas más baratas y al desarrollo sustentable de Chile.
Tras la publicación el 19 de abril del ICE, el SEA tiene un mínimo de cinco días hábiles para resolver y como máximo el 14 de mayo. Al ser un proyecto interregional, lo resuelve la dirección del SEA. Si la iniciativa se rechaza, queda una ventana de reclamación ante el Comité de Ministros. De lo contrario, sería -comentan fuentes- comenzar desde cero.
Hidrógeno verde, procesos de evaluación ambiental y estabilidad regulatoria en el sector eléctrico. Estos fueron algunos de los tópicos que abordó este jueves el presidente de Colbún, Hernán Rodríguez, en el marco de la junta ordinaria de accionistas 2024. En su discurso destacó que la eléctrica ligada a la familia Matte completará en este año inversiones por más de US$ 1.000 millones en energías renovables.
La firma precisó que ha invertido más de US$ 750 millones en energías renovables y almacenamiento, cifra que aumentará -dijeron- a más de US$ 1.000 millones al finalizar este ejercicio una vez que se complete el proyecto eólico Horizonte. La cartera de proyectos incluye iniciativas de generación renovable y almacenamiento en etapas más tempranas de desarrollo para alcanzar al menos 4 mil MW adicionales de capacidad eólica, solar y de almacenamiento para el año 2030.
La empresa eléctrica completará en 2024 inversiones por más de US$ 1.000 millones en energías renovables.
Tal como lo hizo a través de la carta a los accionistas contenida en la memoria anual, el presidente de Colbún se refirió al hidrógeno verde, reconociendo que su desarrollo y papel en la transición energética enfrenta enormes desafíos tecnológicos, sociales, territoriales y ambientales que requerirán acuerdos: “Necesitamos sólidos acuerdos públicos-privados que nos permitan tener una mirada compartida entre el Estado, la sociedad civil y las empresas sobre el futuro del hidrógeno verde en nuestro país. Sin esta visión común, será un caso de desarrollo frustrado, perdiendo la carrera frente a otros países que están avanzando rápido en esta agenda”.
En ese contexto, Rodríguez recalcó la necesidad de contar con mejoras en los procesos de evaluación ambiental para fomentar el desarrollo de la inversión. Y reforzó el mismo mensaje que expresó en la carta a los accionistas: “Mientras las empresas privadas tenemos el deber de hacer proyectos con altos estándares técnicos, ambientales y sociales, involucrando de manera muy temprana a las comunidades -lo que en Colbún es una práctica sistemática desde hace años-, el sector público debe proveer marcos regulatorios estables y sin distorsiones que den las señales correctas para el despliegue de la iniciativa privada en condiciones competitivas”.
El presidente de la eléctrica también abordó la necesidad de avanzar con rapidez en la modernización de la normativa y en lograr una mayor estabilidad regulatoria en el sector eléctrico. “Para nadie es un misterio que nuestra industria vive hoy un stress regulatorio importante. Esto ha sido, en parte, producto de la acelerada reconfiguración tecnológica de nuestra industria, que no ha sido acompañada con la misma velocidad por la necesaria modernización de la normativa respectiva. Un ejemplo claro de esto lo representa la falta de inversión en líneas de transmisión, que no han seguido de igual forma el gran crecimiento que ha tenido la generación en todo el país”, señaló.
Lo anterior, añadió, también se ha visto influido por decisiones político-regulatorias que, “si bien han tenido buenas intenciones en su origen, han generado complejas señales de precio que son críticas para el buen desempeño del sistema actual y futuro”.
En esa línea, aseguró: “Para que el sector privado pueda seguir aportando al país, y que empresas como la nuestra puedan mantener las cifras de inversiones desplegadas en los últimos años, es fundamental despejar este tipo de incertidumbres. Con ese objetivo en mente, hacemos un llamado a que las decisiones de política pública se tomen en base a información técnica y a la evidencia disponible, que permitan habilitar una transición energética responsable que vele por la seguridad del suministro eléctrico”.
De esta manera, identificó cuatro condiciones fundamentales para que Chile pueda lograr una transición energética exitosa: crecimiento económico, estabilidad regulatoria en el sector eléctrico y mejoras en los procesos de evaluación ambiental y lograr acuerdos para impulsar el desarrollo del hidrógeno verde.
Elección de directorio
En la cita, junto con la actualización del propósito de Colbún, se realizó la elección del directorio de la empresa, resultando electos Viviane Blanlot, Marcela Angulo, Hernán Rodríguez, Bernardo Larraín, Rodrigo Donoso, Juan Carlos Altman, Francisco Matte, Franco Bozzalla y Andrés Kuhlmann. Este último, propuesto por las AFP, se integra al directorio tras la salida de María Emilia Correa.
Kuhlmann fue gerente general de Transelec por más de una década.
Además, en la instancia, se aprobó la distribución de un dividendo definitivo total por US$ 196 millones.
La minera de cobre Antofagasta PLC sostuvo reuniones con inversionistas esta semana para su primera oferta de bonos en dólares en casi dos años, dijeron a Bloomberg personas familiarizadas con el asunto.
El director financiero Mauricio Ortiz y otros ejecutivos comenzaron a reunirse con money managers el jueves, según las fuentes. De aquí podría surgir una emisión de bonos en dólares a 10 años.
Un portavoz de Antofagasta declaró que la compañía no puede hacer comentarios sobre posibles transacciones de mercado.
De acuerdo con las fuentes, que solicitaron el anonimato por tratarse de reuniones privadas, Citigroup y JPMorgan serían los coordinadores globales del acuerdo. Por su parte, BofA Securities, Credit Agricole CIB, Natixis y Scotiabank estarían actuando como bookrunners conjuntos.
Antofagasta recurrió por última vez a los mercados mundiales de deuda en 2022, cuando emitió US$ 500 millones en bonos a 10 años.
La familia Luksic, que posee una participación mayoritaria en la minera, tiene una fortuna de más de US$ 33 mil millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.
El ascenso de Antofagasta Plc desafía la cautela de los extranjeros
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