La colusión entre las transnacionales Indura y Linde denunciado por la Fiscalía Nacional Económica, y que habría tenido como consecuencia licitaciones más costosas para el sector hospitalario en plena pandemia no solo es un hecho gravísimo e inaceptable que vulnera la ley y tiene un impacto directo en el bienestar de las personas sino que es una evidencia más de una seguidilla de delitos cometidos por personas o grupo de personas que utilizan sus cargos, privados o públicos, para engañar al mercado y defraudar la confianza pública en su propio beneficio.
Estas conductas hay que perseguirlas y castigarlas con el máximo rigor. En esto no hay dos voces, ni dos miradas: tolerancia cero con el abuso, la corrupción y la cultura de la impunidad.
Pero, la simple condena no basta. Aplicar las máximas penas que confiere la Ley es necesario, pero no suficiente.
¡No nos equivoquemos! La situación actual -que amenaza con dañar seriamente nuestras instituciones, en el pasado un activo país, y la confianza de las personas en ellas- no se soluciona solo con muy necesarias palabras de condena y una regulación estricta, moderna y ad hoc a las nuevas realidades.
El remedio requiere de algo mucho más profundo: pasar con máxima urgencia de los discursos a la acción, de los dichos a los hechos, y poner toda nuestra energía en transformar a nuestras organizaciones en instituciones cruzadas por una cultura de integridad. Una titánica tarea que nos hemos fijado como propósito en Fundación Generación Empresarial y que supone crear un clima que incentive y asegure el comportamiento íntegro.
Valdría la pena que nos preguntemos si para conseguir nuestros objetivos, ¿estamos privilegiando el atajo, el camino fácil y transitamos por la cornisa de lo permitido o incluso vamos más allá? O, por el contrario, ¿nos guían principios y valores de integridad para hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando? ¿Ponemos el bien común por sobre los intereses personales? La mala noticia es que -muy probablemente- la percepción de la ciudadanía sobre sus líderes se relaciona más con la primera de estas interrogantes.
Hay al menos cuatro claves para tener éxito en el objetivo de lograr organizaciones y liderazgos íntegros: a) el cambio debe ser promovido desde lo más alto (gobierno corporativo y directorios), predicando con el ejemplo, inspirando y alentando al resto a hacer lo mismo; b) capacitar de forma permanente a todos los colaboradores, reforzando las buenas prácticas y previniendo la ocurrencia de situaciones que amenazan la integridad; c) poner el acento en los valores e integrarlos a nuestro quehacer y decisiones diarias para transformarlos en hábitos; d) contar con una gobernanza, códigos de conducta y sistemas de denuncia conocidos por todos.
La integridad se ha convertido una condición mínima para la confianza, una demanda de la ciudadanía y la licencia social para operar, pero sobre todo en una ventaja competitiva fundamental en los tiempos que corren. Lo que está en juego, en definitiva, es la convivencia social. ¿Qué seguimos esperando para pasar de los dichos a los hechos?
*La autora es presidenta de la Fundación Generación Empresarial.
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El próximo 28 de julio, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, buscará su reelección ante el candidato de la oposición, Edmundo González. Dicho hito, dicen en La Moneda, es el primer factor a considerar en la nueva arremetida de distintos personeros del chavismo contra el Presidente Gabriel Boric.
“Merluzo”, “bobo” y “flojo” fueron tres apelativos con los que el diputado venezolano Diosdado Cabello calificó al mandatario chileno. Son dardos de uno de los rostros de la administración de Maduro y uno de los representantes de este último en el legislativo de dicho país.
Cabello se sumó así al alza en el tono contra Chile que han sostenido distintas figuras del Estado venezolano. Otro caso fue el del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien ha cuestionado en reiteradas ocasiones el manejo del Ministerio Público chileno sobre el caso de Ronald Ojeda, exteniente de dicho país que fue asesinado en Chile y cuya investigación aún está en curso.
“Para mí fue una acción de falsa bandera. Una acción ejecutada desde Chile. (…). Estoy convencido de que todo esto que ha pasado durante estos meses tiene que ver con que en Venezuela se vive un año electoral”, acusó a inicios de esta semana el fiscal venezolano sobre el caso Ojeda, quien encontró respuesta por parte del canciller Alberto van Klaveren y del ministro de Justicia, Luis Cordero. “Está tan obsesionado por desprestigiar la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público”, planteó este último.
En La Moneda entienden que los dardos podrían continuar desde Venezuela o, incluso, intensificarse mientras más cerca se encuentren de los comicios presidenciales. Esto, porque desde el país caribeño han intentado marcar un punto político sobre Chile, que también se ve entrelazado con otro factor a considerar en las interpelaciones desde Caracas, relacionado con los cuestionamientos que han surgido desde el gobierno del Presidente Boric a la institucionalidad y a la gestión venezolana.
Hace unos días, el Mandatario dijo, en entrevista con DW, que “por nuestra parte no hay ingenuidad: en Venezuela las instituciones, por lo menos en el marco del Estado de derecho que tenemos en Chile, están claramente deterioradas y nosotros somos un país serio, un país responsable, confiamos en el trabajo que realiza nuestro Ministerio Público, y respaldamos el accionar de la justicia chilena”.
En Palacio saben que los dichos de Boric y sus ministros podrían rebotar en Caracas, por lo que también han apuntado a que sus críticas sean siempre en “el marco de lo jurídico”.
De hecho, desde Cancillería se ha evitado responder a Diosdado Cabello, ya que la norma regular que siguen en Teatinos 180 es solo contestar a declaraciones que vengan desde el Ejecutivo de otros países, lo cual no aplica en el caso de Venezuela, pues, si bien Cabello es cercano a Maduro, lo cierto es que es representante del Legislativo.
En el ministerio de Van Klaveren solo han hecho algunas excepciones, como cuando se respondió al fiscal Tarek William Saab o cuando el alcalde de Tacna, Perú, dijo que Boric era “irresponsable” por el manejo de la crisis migratoria. Además, en el gobierno tampoco ven con buenos ojos salir a responder ante cada crítica de Diosdado Cabello, quien en el pasado ya ha descalificado al Mandatario nacional.
Al mismo tiempo, en el gobierno saben que tampoco pueden realizar críticas tan destempladas contra la administración de Maduro, ya que se ha estado trabajando en la reconstrucción de las relaciones diplomáticas, lo que quedó manifestado cuando el Mandatario designó a Jaime Gazmuri (PS), como embajador en Caracas. Esto, transmiten en el Ejecutivo, por el interés en resolver la crisis migratoria y porque hay chilenos en Venezuela.
De todas formas, sí respondió la ministra del Interior, Carolina Tohá. “Cuando las autoridades insultan a autoridades de otros países es porque su repertorio es de una pobreza tremenda (…). Me da pena por los venezolanos”, dijo este viernes la jefa del gabinete, en conversación con Agricultura.
Los dichos de Cabello han sido ampliamente en la alianza de gobierno que sustenta al gobierno de Boric. Sin embargo, dentro de ella existen matices: mientras que algunos exigen que Chile retire a su embajador del país de Maduro, otros sugieren que, en consideración de las palabras que usó el diputado venezolano, lo mejor es mantener distancia.
Dentro del primer grupo está el diputado Raúl Soto (PPD), de la comisión de Relaciones Exteriores, quien sostuvo que, frente a los dichos de Cabello, “Chile tiene que endurecer el tono con Venezuela y escalar la tensión diplomática utilizando herramientas de reproche que sean muchas más severas. Llegó la hora de retirar indefinidamente al embajador Gazmuri de territorio venezolano, hasta que den garantías que de que van a colaborar con nuestro país (…)”.
En esa línea, el parlamentario sugirió que “no creo que Chile haya endurecido el tono lo suficiente, en relación a cómo ha actuado Venezuela”.
Con respecto al tono que ha tomado el gobierno venezolano, el jefe de bancada de los diputados PPD e independientes, Jaime Araya, afirmó que es “evidente que la pirotecnia de los líderes de la narcodictadura buscan desviar el foco de lo central: están amparando a homicidas, violadores de derechos humanos y, por tanto, intentan una retórica altisonante para crear una cortina de humo, precisamente cuando quieren blanquear con una seudoelección el régimen dictatorial. Son estrategias fracasadas, al estilo de los peores autoritarismos que conoció América Latina”.
Otros en tanto, optaron por mantener distancia. Por ejemplo, consultado por los dichos de Cabello, el excanciller y senador socialista José Miguel Insulza dijo a Radio Biobío que “recuerda la frase que cuando uno se revuelca en el barro con un cerdo, la verdad es que el cerdo se pone muy contento, y nosotros salimos todos embarrados, así que no hablemos de Diosdado Cabello mejor”.
La senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, cree que “un régimen que tiene falencias en su legitimidad democrática no quiere escuchar aquello (críticas desde Chile). Evidentemente lo señalado por el Presidente Boric no les gusta, no reconocen aquello y deben agudizar la confrontación frente a la falta de argumentos”.
Además, se desmarcó de la posibilidad de traer a Gazmuri de vuelta: “Estimo que no es el momento de que lo llamen a consulta, lo de Diosdado ya fue respondido y el gobierno venezolano no se ha involucrado en el asunto. Además debe estar allá para seguir el proceso electoral que puede resultar muy complicado. Chile tiene que seguir de cerca el proceso y para ello es indispensable que el embajador esté en Caracas”.
Más allá del oficialismo, también hubo críticas a Cabello. El diputado Alberto Undurraga, quien además es presidente de la DC, sostuvo que “lo que quiere el régimen de Venezuela es que Chile corte relaciones con ese país, porque nuestra embajada ha sido y puede seguir siendo importante para los esfuerzos de recuperación de la democracia (…). No tenemos que pisar el palito: tenemos que reaccionar enérgicamente contra las declaraciones (de Cabello), pero en ningún caso cortar relaciones”.
Por su parte, el senador RN Francisco Chahuán transparentó que “hemos solicitado que el gobierno llame a consulta al embajador de Chile en Venezuela, nos parecen graves las declaraciones de Diosdado Cabello”.
En el gobierno, de todas formas, descartan -por ahora- llamar a consulta a Gazmuri o retirar al embajador de Venezuela.
El pasado 11 de abril, el Ejecutivo llamó a consulta al embajador Gazmuri. En aquella ocasión, fue el canciller venezolano -no un diputado ni alguien del Poder Judicial- Yván Gil, quien cuestionó a Chile tras negar la existencia del Tren de Agua.
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El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió este viernes a las declaraciones de Diosdado Cabello desde Venezuela en contra del Presidente Gabriel Boric.
El diputado de la Asamblea Nacional de ese país y considerado el número dos del régimen de Nicolás Maduro, respondió con dureza las declaraciones del Mandatario, quien señaló en Alemania -en su segunda gira por Europa- que las instituciones de Venezuela “están claramente deterioradas”.
“Este bobo se mete con Venezuela y es incapaz de gobernar su propio país”, respondió Cabello desde Caracas.
Consultado por el insulto al Jefe de Estado, Carmona señaló desde La Moneda antes de participar en un almuerzo con el jefe de asesores, Miguel Crispi: “No me parece ese tipo de diálogo”.
“Yo creo que nada que no contribuya a que los estados puedan lograr tener tareas institucionales de colaboración, de cooperación en desafíos de marca mayor, como es la batalla contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra el lavado de dinero, contra la trata de personas, que son flagelos que están invadiendo la vida de nuestros países a nivel continental, nada que altere esa posibilidad de cooperación es bueno o es contribuyente”, recalcó.
El timonel PC, que mantiene una relación de cercanía con Venezuela, apuntó que “aquí lo que hay que poner en el centro es que los desafíos que tienen los estados a nivel de nuestra América Latina podamos llevar adelante esa cooperación”.
Carmona también fue inquirido por su parecer respecto a la posibilidad de que el gobierno retire al embajador Jaime Gazmuri de Venezuela.
“La tarea de qué política en el plano de las relaciones diplomáticas que tiene el gobierno de Chile, le corresponden al Presidente de la República y tiene para implementarlo la Cancillería. Yo creo que cuando se inventaron las relaciones diplomáticas después de la Segunda Guerra Mundial y se crean las Naciones Unidas, nacen más allá de las coincidencias que puedan haber entre uno y otro, sino de la necesidad que a todo evento existan relaciones, y eso se lo he escuchado como criterio, concepto al propio gobierno”, cerró.
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