La Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constituyente aprobó una nueva redacción de propuestas relacionadas con la organización del Banco Central, estableciendo que seguirá siendo un ente autónomo, pero con un consejo con mayor número de miembros y la necesidad de sus decisiones para contemplar temas como el empleo y el medio ambiente.

De esta forma, se establece que la entidad emisora ​​será un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria, y que la ley regulará su organización, atribuciones y control. sistemas, así como la determinación de instancias de coordinación entre el banco y el gobierno.

La comisión dio luz verde a una indicación de la derecha que limita la primera propuesta sobre sus objetivos, señalando que “corresponderá en particular al Banco Central, contribuir al bienestar de la población, asegurar la estabilidad de precios y la normalidad”. operación de pagos internos y externos.

Al mismo tiempo, establecieron que “el Banco, al adoptar sus decisiones, deberá tener en cuenta la orientación general de la política económica del gobierno”.

A su vez, se indica que la institución, en el fundamento de sus decisiones, “debe considerar la estabilidad financiera, la volatilidad del tipo de cambio, la protección del empleo y el cuidado del medio ambiente”.

Del Directorio de la entidad emisora

El Consejo estará integrado por siete consejeros designados por la mayoría de los congresistas, sobre la base de ternas propuestas por el Consejo de la Alta Dirección Pública.

Para su designación se considerarán criterios de paridad de género y representación territorial.

Se descartó la propuesta original de que el propio Consejo eligiera al presidente del Banco Central, manteniéndose la situación actual donde es el Presidente de la República quien designa al timonel de la institución emisora.

“El Presidente del Consejo, que será también el Presidente del Banco, será designado por el Presidente de la República de entre los miembros del Consejo y durará tres años en el cargo o el menor tiempo que reste como director, pudiendo ser reelegido para un nuevo mandato”.

En cuanto a la responsabilidad de los directores, se estableció que “podrán ser separados de sus cargos por acuerdo de la mayoría de los miembros del pleno del Tribunal Supremo, previa solicitud de la mayoría de quienes actúen como directores o del mayoría de los miembros del Congreso, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley.

En este punto, también se modificó la propuesta original que hablaba solo de una mayoría simple en el Congreso para iniciar el proceso de remoción de un regidor.

En cuanto a las inhabilidades e incompatibilidades de los directores, no deja de ser un plazo muy largo que ha sido criticado por diversos actores, incluido el propio instituto emisor. “No podrán integrar el Consejo quienes, en los doce meses anteriores a su nombramiento, hayan participado en la propiedad o ejercido como director, gerente o ejecutivo principal de una sociedad bancaria, administradora de fondos o cualquier otra que preste servicios de intermediación financiera, sin perjuicio de las demás inhabilidades que establezca la ley”, dice la propuesta.

Como contrapartida, se añade que “una vez cesados ​​en sus cargos, los miembros del Consejo tendrán la misma incompatibilidad por el plazo de dieciocho meses”.

Si bien la normativa fue entendida como un cierto avance en cuanto a no agregar objetivos más explícitos y elevar el quórum del Congreso para remover a los directores, subsisten algunas objeciones a las señaladas por el propio Banco Central en una carta enviada a la Convención.

De acuerdo con el proceso de la Convención, las propuestas pasarán ahora a ser analizadas por el pleno y, si logran 103 votos favorables, pasarán a formar parte del proyecto de una nueva Constitución.