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Economia

Convención: aprobada participación de trabajadores y empleadores en administración de seguridad social

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El destino de la seguridad social en el proyecto de nueva Constitución ya está echado. Ello porque, esta tarde, el Pleno de la Convención Constituyente votó el segundo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales, que incluye el artículo 13 sobre la materia.

Entre las casi diez nuevas indicaciones que se propusieron a votación, de este segundo informe de la referida comisión sólo se aprobó una, la que está relacionada con la participación de los patrones y trabajadores en la administración del sistema de seguridad social.

“Las organizaciones sindicales y patronales tendrán derecho a participar en la gestión del sistema de seguridad social, en las formas que establezca la ley”dice el párrafo aprobado y que así quedará en el proyecto de nueva Constitución que entregue el órgano constituyente.

De esta forma, el párrafo anterior se suma a los que ya fueron refrendados por el Pleno en la votación del primer informe de la comisión, que se celebró el 19 de abril. En él se incluye que “la Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, sobre la base de los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad”.

Además, en un segundo párrafo, señala que “La ley establecerá un Sistema público de Seguridad Social, que otorga protección en caso de enfermedad, vejez, invalidez, sobrevivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y en otras contingencias sociales de carencia o disminución de medios de subsistencia o capacidad para el trabajo. En particular, este sistema garantizará la cobertura de beneficios para las personas que realizan trabajo doméstico y de cuidado.

Finalmente, que “corresponderá al Estado definir la política de seguridad social. Esta será financiada por los trabajadores y patrones, a través de las cotizaciones obligatorias, y por la renta general de la nación. Los recursos con que se financia la seguridad social no podrán ser utilizados para fines distintos al pago de las prestaciones que establezca el sistema.

Propiedad de los fondos

Uno de los debates que atravesó la seguridad social en la Convención fue incluir en el proyecto de nueva Constitución que se establezca en los artículos respectivos que los fondos de pensiones son propiedad de los trabajadores y que no son expropiables.

Con las propuestas rechazadas en la votación del 19 de abril, Los partidos convencionales vinculados a la derecha lo intentaron de nuevo este miércoles, pero sin éxito.

En concreto, se rechazó en pleno que “los trabajadores en activo y los pensionados que cuenten con cuentas de capitalización individual sean dueños de su ahorro previsional acumulado y futuro, así como de las cotizaciones que se descuenten de sus ingresos.

Estos ahorros previsionales son hereditarios y no pueden ser objeto de ninguna forma de nacionalización o estatización. Asimismo, los trabajadores activos y pensionados tendrán derecho a elegir libremente la entidad que les administre o administre sus fondos de pensiones, ya sea privada, estatal o mixta.

beneficios definidos

Otro punto que había causado polémica y debate en la Comisión de Derechos Fundamentales era la inclusión de beneficios definidos en la seguridad social, lo cual era temido en la industria de pensiones, ya que significaba un cambio en la estructura del actual sistema de pensiones. .

“El Sistema de Seguridad Social garantizará un sistema de pensiones que establezca prestaciones definidas, oportunas y suficientes que den certeza sobre el monto percibido”, decía el párrafo propuesto al respecto y que fue rechazado por el pleno en la votación previa.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de algunos convencionalistas, la Comisión de Derechos Fundamentales retiró la propuesta para esta segunda votación.

#Convención #aprobada #participación #trabajadores #empleadores #administración #seguridad #social

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Economia

Reforma al SEIA: no todo es lo que parece

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De buenas a primeras, este cambio no pareciera generar un conflicto jurídico, ya que se trataría de una adecuación del reglamento a la ley. Sin embargo, como ya nos ha acostumbrado el Gobierno, lo que se dice no es lo que se hace y no todo es lo que parece. En este caso, lo que pareciera ser una reforma que busca adecuar el reglamento a la ley, en realidad es una norma administrativa que trata materias legales, vulnerando abiertamente la Constitución.

“Lo que pareciera ser un cambio que busca adecuar el reglamento a la ley marco sobre cambio climático, en realidad es una norma administrativa que trata materias legales, vulnerando abiertamente la Constitución”.

¿Dónde se advierte esto?

Primero, en los contenidos exigidos para las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Como es sabido, se exige Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a los proyectos que generan impactos medioambientales (por ejemplo, que pongan en riesgo la salud de las personas), y por su parte, se exige DIA a aquellas actividades que no producen impactos ambientales significativos, por lo que el procedimiento de evaluación es simplificado y menos regulado. ¿Dónde se establece esto? En la Ley de Bases Generales de Medioambiente (Ley 19.300). Es la Ley, la norma que establece en qué casos se exigirá una DIA o un EIA y cuáles son las materias que deberá contener la respectiva declaración o estudio.

¿Qué hace la reforma al Reglamento del SEIA? Agregar el “plan de seguimiento de variables ambientales” como contenido mínimo a las DIA que, por ley, hoy sólo se exige a los EIA. ¿Cuál es la motivación de esta modificación? Queda en evidencia que el Gobierno pretende enmendar la Ley 19.300 vía administrativa, eludiendo el proceso legislativo, lo que no sólo vulnera la Carta Fundamental, sino que además amplía la competencia del SEA, complejizando aún más la gestión y aprobación de los proyectos.  Es importante tener en cuenta que los proyectos o actividades evaluados mediante EIA corresponden al 5% de los ingresos, mientras que el 95% a las DIA.

Segundo, al agregar a las DIA la exigencia de tener un plan de seguimiento ambiental, se busca ampliar la aplicación de la figura de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a casos donde la ley no lo ha considerado. Esto también contiene un vicio de inconstitucionalidad, ya que dicha ampliación debe necesariamente realizarse por ley.

Tan evidente son estos vicios que el propio proyecto de ley, conocido como “Evaluación Ambiental 2.0” ingresado por este Gobierno, justamente pretende modificar aquello que es incorporado inconstitucionalmente vía administrativa. Es decir, el Ejecutivo reconoce, en virtud de sus propios actos, que las modificaciones reglamentarias aludidas, son, en efecto, materias de ley.

En un contexto de aumento desempleo, de parálisis de la economía y de una burocracia sin precedentes parece inconcebible este tipo de “medidas”, que no sólo demuestran la indolencia de las autoridades, sino que, peor aún, transgreden las reglas constitucionales.

#Reforma #SEIA #todo #parece

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Economia

A3D busca que Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, declare en caso de demanda por competencia desleal

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El verano trajo más turistas extranjeros al país, pero aún son menos que antes de la pandemia

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