Una tensa sesión plenaria se registró en la Convención durante la votación del informe de la comisión de Pueblos Indígenasy Plurinacionalidad que buscaba dar forma a accatalogo de derechos de los pueblos indigenaspero la mayoría fueron rechazados y volvió a la comisión para un segundo borrador e intento ante la instancia.
Las discrepancias comenzaron cuando un sector de la derecha anunció que no votaría la propuesta porque cuestionaba el alcance y la poca participación de la consulta indígena que dio origen a los artículos que el pleno debía sancionar.
lo convencional Eduardo Cretton (UDI) observó que “decidimos no votar el informe porque no estamos dispuestos a validar una consulta ilegítima, ilegal y arbitraria, donde participó menos del 1% del padrón indígena y donde todavía hay fondos sin ser transparentes”.
lo convencional Rosa Catrileo (Pueblos Originarios), lamentando el rechazo a las normas, sostuvo que “hay un grupo de convencionalistas que se toman los discursos para burlarse de los indígenas, que no están ejerciendo su derecho al voto demostrando el desprecio que tienen por los pueblos indígenas en un acto racista”.
A lo anterior se suma queLa mesa primero informó que aplicaría el quórum de 78 votoss permitir que los artículos rechazados sean devueltos a la comisión, pero luego modificó su criterio bajando el umbral a 38 votos favorables para enviar los artículos rechazados a un segundo informe, argumentando que regiría el cambio en el reglamento recientemente aprobado. Esto fue cuestionado por diversas convenciones de Chile Vamos.
Él El único artículo aprobado fue el que establece la identidad e integridad cultural al consagrar que “los pueblos y naciones indígenas y sus miembros tienen derecho a la identidad e integridad cultural, ya que sus propias cosmovisiones, formas de vida e instituciones sean reconocidas y respetadas”.
Algunos de los artículos rechazados establecían la reconocimiento del genocidio indígena; autonomías territoriales indígenas; derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado cuando se prevean medidas administrativas o legislativas que puedan afectarlos, derecho a la conectividad en territorios indígenas; y la seguridad alimentaria indígena.
También se rechazó el derecho de los pueblos indígenas a permanecer en su territorio, derecho de los pueblos y naciones indígenas al agua, derecho al medio ambiente, educación, salud, vivienda, acceso a la justicia, trabajo y desarrollo.
Otras normas que no prosperaron se referían a la derecho a la reparación y restitución de tierras, creación de una comisión de catastro, saneamiento, demarcación y restitución territorial indígena, creación del Tribunal Especial para la Restitución Territorial Indígena; y un Consejo de Pueblos Indígenas.
El cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue sentenciado a 25 años de prisión por robar miles de millones de dólares a sus clientes, lo que marca el capítulo final de un caso que ha cautivado y eclipsado a la vez a la industria de la criptografía.
El juez de distrito estadounidense Lewis A. Kaplan dictó la sentencia en un tribunal federal de Manhattan momentos después de que Bankman-Fried dijera que “lamentaba lo sucedido en cada etapa”. Se enfrentaba a hasta 110 años tras las rejas luego de haber sido declarado culpable el año pasado de siete delitos, incluidos fraude y conspiración.
El otrora multimillonario se convirtió en un símbolo de malversación y codicia en el mundo de las criptomonedas después de que su enormemente popular intercambio FTX colapsara, exponiendo un fraude de años que estafó en alrededor de US$ 10 mil millones a los clientes. Bankman-Fried, de 32 años, negó haber cometido fraude a sabiendas y afirmó que él y su criptoimperio fueron víctimas de las caídas del mercado en 2022.
Kaplan desestimó la declaración de 20 minutos de Bankman-Fried, diciendo que no estaba realmente arrepentido y se centró en cambio en la gravedad del crimen. “Existe el riesgo de que este hombre esté en condiciones de hacer algo muy malo en el futuro”, afirmó Kaplan. “Y no es un riesgo trivial. No es un riesgo trivial en absoluto”.
Además de la pena de prisión, Kaplan dijo que Bankman-Fried debería pagar más de 11 mil millones de dólares. En el juicio, los fiscales dijeron que Bankman-Fried desvió miles de millones de dólares de FTX a su fondo de cobertura hermano, Alameda Research, para gastarlos en inversiones especulativas, más de 300 donaciones políticas y costosos bienes raíces.
Ante la volatilidad del mercado, los prestamistas comenzaron a pedir su dinero en 2022 y Bankman-Fried utilizó los fondos de los clientes de FTX para devolverles el dinero. Pero una avalancha de retiros de clientes culminó con la declaración de quiebra de FTX en noviembre de 2022 y la renuncia de Bankman-Fried como director ejecutivo.
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El Servicio de Impuestos Internos (SII) llenó la vacante de uno de sus cargos estratégicos: la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC).
Tras la salida del anterior director, Christian Soto, por su eventual implicancia en delitos mencionados en el denominado caso Audios, el organismo designó hoy al abogado Sergio Henríquez como nuevo jefe de la unidad.
Henríquez es abogado y magíster en Derecho Tributario, ambos de la Universidad de Chile. Tiene 40 años y cuenta con más de 15 años de experiencia en materia tributaria, tanto en el ámbito público como privado.
En el ámbito laboral, fue asesor de política tributaria del Ministerio de Hacienda entre 2014 y 2017, y luego Coordinador de política tributaria de la cartera a fines del gobierno de la expresidenta Bachelet. También se desempeñó como jefe de gabinete en la Subsecretaría de Hacienda, entre marzo de 2022 y marzo de 2023. Hasta la fecha, se desempeñaba como jefe de gabinete del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
En su desempeño en el mundo privado trabajó como abogado tributario en Sapag y González, Bofill, Escobar, Silva, y fue gerente senior en la consultora KPMG, especializándose en temas relacionados con tributación inmobiliaria y tributación internacional.
En el plano académico, el abogado ha sido docente en distintos cursos de postgrado relacionados con el derecho tributario en las Universidades Adolfo Ibáñez y Católica de Valparaíso.
Cercano al Frente Amplio, Henríquez es hijo del exministro de Vivienda del mismo nombre durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, entre 1997 y 2000.
El área donde llega
El año pasado, y como parte de su estrategia de fiscalización del cumplimiento tributario de los grandes grupos empresariales, el SII reestructuró la DGC, con la inclusión de tres departamentos de Cumplimiento de Grandes Grupos Empresariales, una Oficina de Facilitación y Asistencia, un Departamento Jurídico, un Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios, un Departamento de Administración y una Oficina de Apoyo a la Gestión.
El proceso contempló también la actualización de los criterios de incorporación a la nómina de contribuyentes que maneja la repartición.
“Con estos cambios, el foco del trabajo de la DGC ya no está puesto en la revisión de cada empresa como tal, sino en generar un conocimiento acabado del modelo de negocios implementado por cada grupo y, de esa forma, diseñar un tratamiento diferenciado, aprovechando todas las capacidades instaladas en los equipos del servicio y fortaleciendo la vinculación con otras instituciones del Estado y administraciones tributarias, en el marco del Foro de las Administraciones Tributarias, dependiente de la OCDE, de la cual nuestro Servicio forma parte activa”, explicó el SII en el comunicado donde anuncia la llegada de Henríquez a la DGC.
Pasadas las 21 hrs. de este miércoles y de cara a la discusión en particular que comenzará la próxima semana en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el Gobierno finalmente ingresó indicaciones al proyecto de ley corta de isapres, en las que, tal como se esperaba, puso límites al alza de precios que deberán hacer las aseguradoras para alcanzar el equilibrio financiero, pero con un nuevo mecanismo que hasta ahora no estaba considerado en la ecuación.
Cabe recordar que el objetivo central de la ley corta es justamente aplicar el fallo por tabla de factores y generar las condiciones para que la industria pueda resistirlo. En la práctica, esto se traduce en instruir las devoluciones masivas a afiliados y, a raíz de ello, dar espacio a algún mecanismo para que las isapres puedan aumentar sus ingresos.
Dicho mecanismo, durante toda la tramitación de la ley corta, consistía en un alza de precios base de los planes que debía ser justificada ante la Superintendencia de Salud. No obstante, en sus últimas indicaciones, el Gobierno reemplazó esto por “una prima extraordinaria correspondiente al monto necesario para cubrir el costo de las prestaciones, licencias médicas y otros beneficios de sus personas afiliadas y beneficiarias”.
Las condiciones para esa prima son que no podrá considerar el déficit que pudiese haber presentado una isapre antes del 30 de noviembre de 2022 -fecha en que se dictó el fallo- y que tampoco podrá implicar un alza “mayor al 10% respecto de la cotización para salud descontada de las remuneraciones, pensiones y rentas afectas a aquellas, correspondientes al mes de julio de 2023, o a la cotización descontada al momento del alza si el contrato fuese posterior a dicha fecha”.
Por otro lado, el Ejecutivo también agregó un artículo que dice que las isapres deberán justificar ante la Superintendencia los cobros que realizarán por las Garantías Explícitas de Salud (GES), teniendo que ser verificados por la autoridad.
Además, agregó una serie de indicaciones relacionadas al otro brazo de la ley corta, que es el fortalecimiento de Fonasa a través de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), por ejemplo, regulando el pago de primas por los seguros que crea esta nueva norma y fijando contornos de posibles planes familiares que se ofrecerían.
Un eventual recálculo de la deuda del sistema, por ahora se mantiene ausente. Algunas fuentes del Congreso aseguran que es un debate que sigue abierto y que el Gobierno estaría abierto a negociar en una casi segura Comisión Mixta que sería presidida por el senador Javier Macaya (UDI).