La Convención Constitucional aprobó las normas que rigen la configuración y actuación de los tribunales de justicia que formarán parte del proyecto constitucional definitivo. Uno de sus aspectos centrales es la creación del “Consejo de Justicia”, encargado de los nombramientos, calificaciones, régimen disciplinario, administración económica y demás aspectos que integran el llamado “gobierno judicial”.

Bajo el esquema actual, estas facultades están a cargo de la Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones, el Presidente de la República y el Senado. En particular, los tribunales concentran un poder considerable, lo que los distrae de sus funciones jurisdiccionales, favorece la adopción de criterios opacos en el ejercicio de las facultades del gobierno judicial y menoscaba el profesionalismo, la objetividad y el mérito.

La composición del futuro Consejo de Justicia abre espacio para posibles injerencias políticas, con el riesgo de afectar la independencia judicial.

Lamentablemente, la solución propuesta genera inconvenientes aún mayores que los que pretende solucionar. En efecto, la creación de un Consejo de Justicia fortalece la independencia interna de los jueces respecto de sus superiores jerárquicos, pero a costa de debilitar la independencia externa del Poder Judicial respecto de los demás poderes del Estado. Al respecto, la experiencia internacional indica que los Consejos de la Magistratura son proclives a la politización, particularmente en los países de América Latina, peligro que parece evidente en este caso.

La principal salvaguardia que se puede adoptar frente a este fenómeno es asegurar una presencia mayoritaria de jueces en la composición del Consejo. Tal es la recomendación de varios expertos y el informe de la Comisión de Venecia encargado por el Senado. Lamentablemente, la Convención hizo caso omiso de estas recomendaciones y estableció una composición que comprende sólo ocho jueces de un total de diecisiete miembros, que también incluyen cinco miembros elegidos por el Congreso, dos representantes de los pueblos indígenas y dos representantes de los servidores públicos del Sistema. de Justicia.

Tal composición no protege al futuro Consejo de Justicia de posibles injerencias políticas, aumentando el riesgo de que la independencia judicial se vea afectada.