Se agrava la situación de la central termoeléctrica Bocamina (350 MW), ubicada en el sector Lo Rojas, en la comuna de Coronel. Si bien desde el 12 de abril un grupo de trabajadores contratistas de la planta propiedad de Enel Generación comenzó a bloquear los accesos, obligando a paralizar la operación, este jueves los manifestantes radicalizaron su accionar. Esto llevó a la gente debió abandonar sus puestos de trabajo por el recrudecimiento de las acciones violentas, dejando las instalaciones en completo control de los manifestantes.

Y no solo eso. Enel decidió anoche recurrir a la vía judicial para solicitar que se adopten medidas de urgencia para garantizar el orden público y la seguridad del suministro de un grupo “considerable” de la población del país.

Ante el próximo cierre de la unidad, los contratistas reclamarían aspectos que van desde salud, reubicación laboral e indemnizaciones. Tal como informó Enel este sábado a través de un comunicado, En la madrugada de este jueves, los manifestantes instalaron barricadas incendiarias en las entradas a la planta y obligaron al personal de seguridad a abandonar la planta.

El equipo mínimo operativo que se encontraba en la planta había logrado permanecer en las instalaciones con la única misión de mantener segura la planta, realizando actividades de monitoreo especializado de los sistemas que se encuentran en riesgo y críticos.

El gerente general de Enel Generación, James Lee Stancampiano, indicó en el escrito que, a pesar de que la paralización de la planta los perjudica directamente y que las demandas de los trabajadores contratistas corresponden a la gestión del Estado según la Estrategia de Energía Justa , “Hemos sido pacientes y hemos apoyado los esfuerzos del gobierno en los últimos días para lograr una solución pacífica”.

“Lamentablemente, producto de la intransigencia de los manifestantes, hoy la situación está completamente descontrolada y requiere otro tipo de medidas”, advirtió el ejecutivo.

Enel explicó que en la zona industrial existen elementos peligrosos como dispensadores de gases inflamables, productos químicos, almacenamiento de carbón y otros insumos para la operación. Por ello, la empresa advierte, “Sin una adecuada gestión y vigilancia, podrían generar una catástrofe con consecuencias para la seguridad de los propios manifestantes y el medio ambiente o accidentes al interior de la planta”, afectando a las instalaciones y a la comunidad en su conjunto.

La empresa indicó que ha solicitado a las autoridades la asistencia correspondiente por lo que calificó como “actos delictivos” de personas que han asumido por la fuerza el control de infraestructura crítica para la población nacional.

De hecho, Enel fue sincero que ayer también enfrentaron un riesgo inminente ya que el carbón almacenado presentaba signos de combustiónel cual “tiene riesgo de incendio si no se atiende con prontitud, con posibles consecuencias para la integridad de la instalación, los vecinos de Coronel y el medio ambiente”.

“Dimos la alarma correspondiente a Bomberos y Carabineros. También informamos formalmente a la autoridad esta situación de grave riesgo”, enfatizó Enel.

Las demandas y los esfuerzos del gobierno

En medio de la inminente salida de la planta, Enel precisó que los reclamos de los trabajadores contratistas que encabezan esta toma de posesión están relacionados con presuntos incumplimientos en los exámenes de salud y planes de vigilancia epidemiológica que -según el italiano- son y han sido siempre atendidos por sus empresas clientes.

También se solicita un bono de 1.000 UF para cada uno de los trabajadores. En cuanto a los requisitos de compensación económica, Enel aseguró que estos no están alineados con las soluciones identificadas por otros grupos de interés con los que la empresa se relaciona en la comuna ni con los objetivos y desafíos trazados para las empresas que deben retirar sus unidades de generación a Carbón.

Enel afirma que asumió la responsabilidad de la reubicación y definición de planes especiales de jubilación para sus propios empleados. Sin embargo, en el marco de la Estrategia de Transición Energética Justa publicada por la Secretaría de Energía en diciembre, fue el Estado quien asumió el compromiso de gestionar la promoción del empleo, la intermediación laboral, la capacitación de la población afectada y los incentivos a la contratación y negocios locales. , según sea apropiado.

En ese sentido, la empresa informó que Esta semana la cartera que hoy encabeza Claudio Huepe lideró esfuerzos -aunque sin éxito- con los trabajadores contratistas en el proceso de buscar las mejores soluciones para asegurar un adecuado proceso de transición laboral al término de las operaciones de Bocamina II.