El expresidente de Colombia Álvaro Uribe deberá ir a juicio por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos, luego de que un juez se negara a cerrar una investigación contra el influyente político, reactivando un proceso judicial profundamente polarizado en medio de la presidencia. campaña. .
La Fiscalía decidió no apelar la sentencia ante un tribunal superior. Por lo tanto, se abren dos opciones para el ente acusador: primero, volver a presentar una solicitud de preclusión con nuevas pruebas y argumentos más fuertes, o presentar la acusación, es decir, ir a juicio, explicó a The Associated Press Camilo Burbano Cifuentes, especialista en derecho penal. y profesor de la Universidad Externado de Colombia.
El inicio del proceso de Uribe Vélez, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, se remonta a 2012, cuando demandó al diputado de izquierda Iván Cepeda, su opositor político, por presuntamente registrar cárceles en busca de testimonios de paramilitares de manera irregular para que declararan. en contra del expresidente, con el objetivo de vincularlo a la creación de un grupo paramilitar.
Sin embargo, el proceso dio un giro cuando en 2018 la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia contra Cepeda por no encontrar fundamentos y, en cambio, abrió un nuevo proceso contra Uribe para investigar si fue él quien presuntamente intentó manipular a los testigos contra Cepeda. cepeda
El tribunal imputó a Uribe los delitos de fraude procesal y cohecho de testigos y ordenó el arresto domiciliario del entonces senador durante dos meses en 2020, argumentando “posibles riesgos de obstrucción a la justicia” en la recolección de pruebas. Sin embargo, Uribe renunció a su curul en el Senado y con ello el tribunal perdió competencia en su caso y pasó el proceso a la Fiscalía, que entonces decidió no llamarlo a juicio, es decir, pedir que se dé por terminado el proceso.
El senador colombiano Iván Cepeda durante una entrevista en su departamento en Bogotá, el 3 de octubre de 2019. Foto: AFP
La decisión quedó en manos de una jueza, quien el miércoles emitió un fallo en una audiencia de 12 horas, en el que argumentó por qué no aceptó la mayoría de los argumentos de la Fiscalía que ella solicitó, así como la defensa y El Ministerio Público, da por terminado prematuramente el proceso contra Uribe al no encontrar “responsabilidad penal del imputado”.
El juez cuestionó que la Fiscalía no agotó la búsqueda de pruebas al no llamar a declarar a personas que pudieran ayudar a esclarecer partes del proceso. También cuestionó a la Fiscalía cuando afirmó que había plena certeza de que Uribe no tuvo participación como autor, coautor o cómplice en los presuntos delitos.
El senador Cepeda, quien fue reconocido como víctima en el proceso, celebró la decisión del juez en un mensaje de Twitter: “Por primera vez un expresidente de la República asumirá su responsabilidad penal ante un juez”.
Cepeda asumió este jueves la voz de las víctimas del caso Uribe, luego de que se anunciara la decisión de continuar el proceso por el que se acusa al expresidente de cohecho a testigos y fraude procesal. En ese sentido, el senador hizo un llamado al fiscal general Francisco Barbosa para que Uribe vaya a juicio “lo antes posible”.
“Esperamos que haya cumplimiento y respeto a nuestros derechos y que la Fiscalía llame a la brevedad para responder judicialmente al imputado Álvaro Uribe”, dijo Cepeda en rueda de prensa.
Además, el senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo expresó que la decisión de continuar con el caso -pese al pedido de preclusión por parte del ente acusador- evidencia “que existen pruebas suficientes que demuestran la responsabilidad que ha tenido Álvaro Uribe en los delitos de cohecho en procesos penales y fraude procesal”, y destacó, según el diario El Colombiano, que “por primera vez un jefe de Estado va a tener que comparecer ante un juez para asumir su responsabilidad penal ante hechos gravísimos “.
Según Reuters, la condena en el caso podría significar una pena de prisión de hasta 12 años para Uribe, mentor político del presidente Iván Duque. Colombia enfrenta elecciones presidenciales el 29 de mayo, donde el izquierdista Gustavo Petro aparece como candidato favorito. La última encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) le otorga un 38% de intención de voto, seguido de Federico Gutiérrez, con un 23,8%, quien se consolida como la opción de derecha tras obtener el apoyo del Partido Liberal.
En marzo, Óscar Iván Zuluaga, candidato del uribismo y del oficialismo, retiró su candidatura presidencial. “Ante los resultados electorales (en las primarias y las legislativas), y la necesidad de unidad por el bien de Colombia, he tomado la decisión personal de renunciar a la candidatura presidencial por el Centro Democrático para acompañar la aspiración de Federico Gutiérrez ”, dijo Zuluaga en un video.
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La Policía de Investigaciones, con apoyo de la Armada, llevó a cabo un megaoperativo esta madrugada para desarticular la agrupación Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) en la macrozona sur.
Varios domicilios fueron allanados en las comunas de Curanilahue y Cañete en el marco de órdenes judiciales de entrada y registro.
Al menos 11 personas que estarían vinculados al liderazgo de la orgánica denominada Resistencia Mapuche Lavkenche fueron detenidas. Además, la policía incautó armas de fuego, municiones y teléfonos celulares.
Entre los aprehendidos se encontrarían dos carabineros, uno en servicio activo y otro retiro. A los líderes de la organización se les imputan diversos delitos de violencia rural, robo de maderas y atentados incendiarios.
El carabinero en retiro se desempeñaba en la Comisaría de Curanilahue, en tanto, el uniformado en servicio activo realizaba labores en Los Álamos.
Los detenidos fueron trasladados al cuartel de la PDI en Talcahuano.
Durante la jornada las autoridades policiales de la región del Biobío darán a conocer mayores detalles de este operativo.
El 13 de agosto la PDI detuvo a otro integrante de la organización. El sujeto fue acusado de delitos de violencia rural, registrados en la zona sur de la provincia de Arauco, región del Biobío.
Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) opera en la zona costera y cerca de la cordillera de Nahuelbuta, en Arauco, Biobío. Su primera aparición pública fue el 13 de abril de 2020, cuando se adjudicó un ataque armado en contra de civiles y Carabineros que se trasladaban por la Ruta P-72S, en Lleulleu, Tirúa. También lo hizo con la detonación de bombas en un auto con el fin de destruir el Puente Lleulleu.
Según antecedentes policiales, se compone de grupos violentos que operarían como crimen organizado, ligados a la comisión de ilícitos comunes, especialmente al robo de madera e infracción a la ley de armas. No habría un mando vertical marcado en su organización y cuando atacan, lo hacen de a cinco a 15 integrantes, encapuchados, armados y vestidos de militares. Los investigadores estiman que buscan mantener el conflicto en la zona para cometer delitos comunes. Sus blancos son generalmente forestales, antenas de comunicaciones, casas de veraneo, además de vehículos civiles y policiales.
Entre los actores relevantes de este grupo que identifican las policías está Ramón Llanquileo Pilquimán, condenado por el ataque al fiscal Mario Elgueta en el sector Puerto Choque, en octubre de 2008. Otro integrante, según fuentes policiales, es Ociel Santi Paine, detenido en febrero de 2013 por agredir a cuatro funcionarios de la PDI en Cañete, luego de un allanamiento a la casa de su familia. También figura Domingo Mariñán Millahual, aprehendido en julio de 2019 por Carabineros tras los disparos que el dueño de una parcela realizó en defensa propia en la localidad de Tranaquepe, en Arauco, dejando a un encapuchado fallecido que sería luego identificado como Lemuel Fernández. Mariñán terminó lesionado por un disparo en el tórax.
A principios de abril de 2022, cuando el gobierno de Gabriel Boric analizaba retomar el estado de excepción que había culminado su vigencia, en Contulmo, 15 viviendas resultaron quemadas en las orillas del Lago Lanalhue luego que 40 encapuchados irrumpieran en un camping efectuando disparos. Robaron vehículos y bloquearon la ruta para facilitar su huida. La Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) se adjudicó el ataque.
También se adjudicaron el ataque al molino Grollmus de Contulmo. Allí los atacantes realizaron disparos y procedieron a quemar el molino, así como el Ecomuseo aledaño a la estructura. Tres personas resultaron heridas de gravedad.
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El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra ha decidido mantener la tasa de interés de referencia para sus operaciones en el 5,25%, su nivel más alto desde abril de 2008, según ha anunciado la institución, muy dividida en la toma de sus decisiones.
De esta forma, se interrumpe la secuencia de catorce reuniones consecutivas de incrementos del precio del dinero. No obstante, el instituto emisor ha comunicado que la votación ha estado muy reñida, con cinco de sus miembros a favor de pausar los tipos frente a los cuatro que abogaban por una nueva subida de 25 puntos básicos, en línea con el alza del anterior cónclave.
En la cita de agosto, la decisión de subir los tipos en 25 puntos básicos contó con seis votos a favor, mientras que otros dos miembros del Comité votaron a favor de elevar la tasa en 50 puntos básicos y uno optó por mantenerla en el 5%, lo que ya apuntaba a la creciente división interna en el órgano de decisión del banco central.
El Comité sigue considerando que los riesgos en torno a la previsión de inflación “están sesgados al alza”, aunque en menor medida que en mayo, lo que refleja la posibilidad de que los efectos de segunda ronda de ‘shocks’ de los costes externos de la inflación sobre los salarios y los precios “tardan más en desplegarse que en aparecer”.
En desarrollo…
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A más tardar el próximo viernes 29 de septiembre el gobierno debe enviar sus observaciones al proyecto de ley que endurece las medidas en contra de la usurpación de propiedades, que fue despachado el 30 de agosto pasado por el Congreso.
La Constitución le concede un plazo de 30 días al Presidente de la República, Gabriel Boric, para devolver el texto al Poder Legislativo con sus respectivas observaciones, también llamadas “vetos” en la jerga legislativa.
En este caso, se trataría de un veto sustitutivo “global”, es decir, el documento que ingresará el Ejecutivo reemplazará todo el texto que aprobaron el Senado y la Cámara. Ello obliga al oficialismo y a las fuerzas opositoras y no alineadas (como la DC, PDG, Amarillos y Demócratas) a votar la propuesta del gobierno como si fuera un paquete cerrado.
El planteamiento gubernamental requiere sólo de una mayoría simple en ambas ramas del Congreso para ser aprobado. Sin embargo, si es rechazado, no habría ley, por el mismo hecho de que el veto reemplaza en forma íntegra el escrito despachado por el Parlamento.
En caso de que fuera desechado este veto presidencial, la Constitución da una última chance, que los senadores y diputados reúnan dos tercios de ambas cámaras para imponer el texto original que el Presidente se resistió a promulgar. No obstante, reunir dos tercios del Congreso (33 senadores y 89 diputados) es una tarea casi imposible para la oposición.
Cómo estará redactado el veto en sus detalles aún no está zanjado. De hecho en el Ejecutivo aseguran que las alternativas están abiertas. Sin embargo, este miércoles en una reunión realizada en La Moneda, encabezada por la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, un grupo de diputados oficialistas fue informado de la estrategia, según confirman desde distintas bancadas de la alianza gubernamental.
“Será un veto sustitutivo global”, comentó el diputado Leonardo Soto (PS), quien fue uno de los asistentes al encuentro. A su juicio, la propuesta gubernamental igualmente “rescata la mayoría de las normas aprobadas por el Congreso en contra de la usurpación, establece procedimientos simplificados de recuperación por parte de la fuerza pública, pero también suprime los aspectos más cuestionables” del texto que aprobó el Parlamento.
De hecho, el objetivo principal del veto anunciado por el gobierno era eliminar la “legítima defensa privilegiada”, que le otorgaba a un privado el derecho de poder recuperar por la fuerza propia (sin auxilio de Carabineros) su propiedad usurpada. Ese principio sumado a la figura de la “flagrancia permanente”, es decir mientras dure la toma, el delito se sigue cometiendo, permitía a particulares proceder en cualquier momento para rescatar sus inmuebles.
El diputado Jaime Araya (Independiente PPD), integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, señala que “será un veto sustitutivo que hemos ido concordando”.
En la cita además participaron los diputados Andrés Giordano (Independiente Frente Amplio) y Lorena Fríes (Convergencia Social), Luis Cuello (PC), Alejandra Placencia (PC), Raúl Leiva (PS), Marta González (Indep. PPD), además de Soto y Araya.
Junto a la subsecretaria Lobos, en representación del asesor del Ministerio del Interior, estaba el asesor jurídico de la ministra Carolina Tohá, Rafael Collao.
El diputado Giordano comentó que en la reunión también le presentaron al gobierno “una carta suscrita por más de 150 organizaciones, expresando nuestra preocupación por el artículo del actual texto que pone en jaque formas de manifestación (ocupaciones) en el marco del derecho a huelga y pedimos al Ejecutivo que tenga en consideración esto para el veto”.
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