El expresidente de Colombia Álvaro Uribe deberá ir a juicio por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos, luego de que un juez se negara a cerrar una investigación contra el influyente político, reactivando un proceso judicial profundamente polarizado en medio de la presidencia. campaña. .
La Fiscalía decidió no apelar la sentencia ante un tribunal superior. Por lo tanto, se abren dos opciones para el ente acusador: primero, volver a presentar una solicitud de preclusión con nuevas pruebas y argumentos más fuertes, o presentar la acusación, es decir, ir a juicio, explicó a The Associated Press Camilo Burbano Cifuentes, especialista en derecho penal. y profesor de la Universidad Externado de Colombia.
El inicio del proceso de Uribe Vélez, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, se remonta a 2012, cuando demandó al diputado de izquierda Iván Cepeda, su opositor político, por presuntamente registrar cárceles en busca de testimonios de paramilitares de manera irregular para que declararan. en contra del expresidente, con el objetivo de vincularlo a la creación de un grupo paramilitar.
Sin embargo, el proceso dio un giro cuando en 2018 la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia contra Cepeda por no encontrar fundamentos y, en cambio, abrió un nuevo proceso contra Uribe para investigar si fue él quien presuntamente intentó manipular a los testigos contra Cepeda. cepeda
El tribunal imputó a Uribe los delitos de fraude procesal y cohecho de testigos y ordenó el arresto domiciliario del entonces senador durante dos meses en 2020, argumentando “posibles riesgos de obstrucción a la justicia” en la recolección de pruebas. Sin embargo, Uribe renunció a su curul en el Senado y con ello el tribunal perdió competencia en su caso y pasó el proceso a la Fiscalía, que entonces decidió no llamarlo a juicio, es decir, pedir que se dé por terminado el proceso.
El senador colombiano Iván Cepeda durante una entrevista en su departamento en Bogotá, el 3 de octubre de 2019. Foto: AFP
La decisión quedó en manos de una jueza, quien el miércoles emitió un fallo en una audiencia de 12 horas, en el que argumentó por qué no aceptó la mayoría de los argumentos de la Fiscalía que ella solicitó, así como la defensa y El Ministerio Público, da por terminado prematuramente el proceso contra Uribe al no encontrar “responsabilidad penal del imputado”.
El juez cuestionó que la Fiscalía no agotó la búsqueda de pruebas al no llamar a declarar a personas que pudieran ayudar a esclarecer partes del proceso. También cuestionó a la Fiscalía cuando afirmó que había plena certeza de que Uribe no tuvo participación como autor, coautor o cómplice en los presuntos delitos.
El senador Cepeda, quien fue reconocido como víctima en el proceso, celebró la decisión del juez en un mensaje de Twitter: “Por primera vez un expresidente de la República asumirá su responsabilidad penal ante un juez”.
Cepeda asumió este jueves la voz de las víctimas del caso Uribe, luego de que se anunciara la decisión de continuar el proceso por el que se acusa al expresidente de cohecho a testigos y fraude procesal. En ese sentido, el senador hizo un llamado al fiscal general Francisco Barbosa para que Uribe vaya a juicio “lo antes posible”.
“Esperamos que haya cumplimiento y respeto a nuestros derechos y que la Fiscalía llame a la brevedad para responder judicialmente al imputado Álvaro Uribe”, dijo Cepeda en rueda de prensa.
Además, el senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo expresó que la decisión de continuar con el caso -pese al pedido de preclusión por parte del ente acusador- evidencia “que existen pruebas suficientes que demuestran la responsabilidad que ha tenido Álvaro Uribe en los delitos de cohecho en procesos penales y fraude procesal”, y destacó, según el diario El Colombiano, que “por primera vez un jefe de Estado va a tener que comparecer ante un juez para asumir su responsabilidad penal ante hechos gravísimos “.
Según Reuters, la condena en el caso podría significar una pena de prisión de hasta 12 años para Uribe, mentor político del presidente Iván Duque. Colombia enfrenta elecciones presidenciales el 29 de mayo, donde el izquierdista Gustavo Petro aparece como candidato favorito. La última encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) le otorga un 38% de intención de voto, seguido de Federico Gutiérrez, con un 23,8%, quien se consolida como la opción de derecha tras obtener el apoyo del Partido Liberal.
En marzo, Óscar Iván Zuluaga, candidato del uribismo y del oficialismo, retiró su candidatura presidencial. “Ante los resultados electorales (en las primarias y las legislativas), y la necesidad de unidad por el bien de Colombia, he tomado la decisión personal de renunciar a la candidatura presidencial por el Centro Democrático para acompañar la aspiración de Federico Gutiérrez ”, dijo Zuluaga en un video.
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Este viernes, el OS-9 de Carabineros incautó el celular de Cristián Solis Riesco, jefe operativo de la cárcel de Rancagua, recinto donde el empresario Eduardo Macaya Zentilli pasó tres días cumpliendo prisión preventiva luego de ser condenado a seis años de presidio por cuatro delitos de abuso sexual en contra de dos menores de edad.
La diligencia se debe a una investigación de oficio abierta por el Ministerio Público por un presunto tráfico de influencias ante los privilegios que habría tenido el empresario vinícola al interior del penal, hasta que la Corte de Apelaciones revocara la cautelar y decretara arresto domiciliario.
Solís Riesco es apuntado como uno de los responsables del trato diferenciado que habría recibido Macaya Zentilli en el recinto penal.
Las indagatorias ocurren luego de que se confirmara que el padre del senador y expresidente de la UDI Javier Macaya permaneció los tres días que estuvo con la máxima cautelar después de la sentencia en el sector de enfermería de la Cárcel de Rancagua, y de que funcionaros del recinto afirmaran a El Mostrador que Eduardo Macaya recibió otra serie de privilegios al interior del recinto.
Producto de esto, Gendarmería instruyó el pasado martes 23 de julio un sumario administrativo, “para establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos”.
Las diligencias al interior de la institución penitenciaria se activaron ese mismo día, con el resguardo de las cámaras de seguridad del recinto.
Eduardo Macaya al retirarse de la cárcel de Rancagua cuando se revocó la prisión preventiva luego de tres días de su condena.
Durante su primera estadía de Eduardo Macaya en la cárcel luego de ser condenado, a la que retornó este viernes luego de que el TOP de San Fernando volviera a decretar la prisión preventiva, Macaya habría tenido “regalías” que no tienen el resto de los internos, de acuerdo a lo señalado por funcionarios de Gendarmería que trabajan en la Cárcel de Rancagua. Llamadas telefónicas menos restringidas, atención preferente, habitación en solitario con ducha con agua caliente y visitas “en cualquier horario” serían algunos de los privilegios del empresario.
Según lo afirmado por los gendarmes consultados, los familiares del hombre de 72 años además se estacionaban a un costado de las casas fiscales que utilizan altos funcionarios de la institución, siendo atendidos por Cristian Solís Riesco, el jefe operativo cuyo celular fue incautado esta jornada.
Además, Eduardo Macaya habría recibido encomiendas sin que estas pasaran por las revisiones que establece el protocolo carcelario.
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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la“Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.
En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.
Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.
“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.
El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.
“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.
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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.
En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.
Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.
Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
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