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Economia

Gobierno entregó sugerencias a la Convención: propone que reelección del Presidente no se aplique al actual mandato

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“Anuncio desde ya que una de las recomendaciones es que la reelección en el gobierno no se dé esta vez, sino con los gobiernos que se elijan después”, dijo el El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, tras concluir la reunión sostenida con la mesa directa de la Convención Constituyente para entregar un documento con insumos y sugerencias del Ejecutivo a la fase que se inicia de debate de las normas transitorias de la nueva Carta Magna.

El ministro explicó que con la entrega de este informe se culmina la entrega de “aportes al debate de las normas transitorias que queremos entregar para que la Convención en el tiempo que resta, de aquí al 4 de julio, pueda tomar en consideración los aportes que distintos órganos del poder constituidos en la revisión de las 499 normas permanentes”, en alusión al anteproyecto de la futura Constitución que fue aprobado por el pleno este sábado.

En relación al cronograma de la nueva etapa del proceso constituyente a través de las tres comisiones que trabajarán en las próximas semanas para elaborar el texto definitivo para el 4 de julio, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, señaló que “tenemos el lunes pleno en Antofagasta donde vamos a entregar toda esta documentación a la Comisión de Armonización y Preámbulo”. Ambas instancias se reunirán esta semana en las ciudades de Antofagasta, Calama y Tocopilla, zona en la que se realizará un trabajo territorial de difusión de la propuesta de una futura Constitución.

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Economia

Reforma al SEIA: no todo es lo que parece

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De buenas a primeras, este cambio no pareciera generar un conflicto jurídico, ya que se trataría de una adecuación del reglamento a la ley. Sin embargo, como ya nos ha acostumbrado el Gobierno, lo que se dice no es lo que se hace y no todo es lo que parece. En este caso, lo que pareciera ser una reforma que busca adecuar el reglamento a la ley, en realidad es una norma administrativa que trata materias legales, vulnerando abiertamente la Constitución.

“Lo que pareciera ser un cambio que busca adecuar el reglamento a la ley marco sobre cambio climático, en realidad es una norma administrativa que trata materias legales, vulnerando abiertamente la Constitución”.

¿Dónde se advierte esto?

Primero, en los contenidos exigidos para las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Como es sabido, se exige Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a los proyectos que generan impactos medioambientales (por ejemplo, que pongan en riesgo la salud de las personas), y por su parte, se exige DIA a aquellas actividades que no producen impactos ambientales significativos, por lo que el procedimiento de evaluación es simplificado y menos regulado. ¿Dónde se establece esto? En la Ley de Bases Generales de Medioambiente (Ley 19.300). Es la Ley, la norma que establece en qué casos se exigirá una DIA o un EIA y cuáles son las materias que deberá contener la respectiva declaración o estudio.

¿Qué hace la reforma al Reglamento del SEIA? Agregar el “plan de seguimiento de variables ambientales” como contenido mínimo a las DIA que, por ley, hoy sólo se exige a los EIA. ¿Cuál es la motivación de esta modificación? Queda en evidencia que el Gobierno pretende enmendar la Ley 19.300 vía administrativa, eludiendo el proceso legislativo, lo que no sólo vulnera la Carta Fundamental, sino que además amplía la competencia del SEA, complejizando aún más la gestión y aprobación de los proyectos.  Es importante tener en cuenta que los proyectos o actividades evaluados mediante EIA corresponden al 5% de los ingresos, mientras que el 95% a las DIA.

Segundo, al agregar a las DIA la exigencia de tener un plan de seguimiento ambiental, se busca ampliar la aplicación de la figura de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a casos donde la ley no lo ha considerado. Esto también contiene un vicio de inconstitucionalidad, ya que dicha ampliación debe necesariamente realizarse por ley.

Tan evidente son estos vicios que el propio proyecto de ley, conocido como “Evaluación Ambiental 2.0” ingresado por este Gobierno, justamente pretende modificar aquello que es incorporado inconstitucionalmente vía administrativa. Es decir, el Ejecutivo reconoce, en virtud de sus propios actos, que las modificaciones reglamentarias aludidas, son, en efecto, materias de ley.

En un contexto de aumento desempleo, de parálisis de la economía y de una burocracia sin precedentes parece inconcebible este tipo de “medidas”, que no sólo demuestran la indolencia de las autoridades, sino que, peor aún, transgreden las reglas constitucionales.

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Economia

A3D busca que Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, declare en caso de demanda por competencia desleal

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El verano trajo más turistas extranjeros al país, pero aún son menos que antes de la pandemia

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