El gobierno finalmente decidió abandonar la idea de aprobar una reforma constitucional para crear un nuevo estado de excepción “intermedio” de “protección y abrigo” en la Macrozona Sur.

Antes de Ante la falta de acuerdo en la coalición oficialista, la autoridad decidió aplicar el estado de excepción constitucional, tal como rige en la Constitución vigenteque sería enviado a través de un decreto presidencial esta noche.

La decisión, que ya había trascendido, ha sido confirmada esta noche por la ministra del Interior, Izkia Sichez, aunque ya había sido previamente informado del comité político a los presidentes de los partidos Aprueba la Dignidad y Socialismo Democrático durante una reunión esta tarde en La Moneda.

“Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos, decretando Estado de Emergencia para la protección de las rutas de la provincia de Arauco y Bío Bío en la Región de la Araucanía, para permitir la libre circulación de personas, el abastecimiento y la ejecución de políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos territorios”, dijo Siches a través de un punto de prensa en el Palacio Presidencial.

“Con todas estas medidas regresaremos a la normalidad para los habitantes de la zona. Estamos comprometidos a continuar el camino del diálogo para lograr cambios profundos que aseguren el bienestar de todos”, concluyó la ministra.

Por lo tanto, en lugar de aplicarse a regiones específicas del país, el estado de excepción se enfocará en rutas y caminoscomo lo había manifestado hoy el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier.

En la práctica, esta modalidad ayudaría a cumplir con lo acordado por la autoridad con el gremio de camioneros, que en las últimas semanas realizó bloqueos masivos en el sur del país para exigir mayores medidas de seguridad.

reacciones políticas

La decisión generó reacciones inmediatas en el mundo político. “Esta medida nos parece un avance en medio de tanta improvisación y falta de decisión del gobierno”, dijo el Senadora (Independiente RN) Carmen Gloria Aravena. “Se perdió más de una semana en coqueteos para presentar un proyecto de ley que se hundió por el rechazo de los propios partidos de gobierno, perdiendo un tiempo valioso para enfrentar la violencia en la Macrozona Sur”, concluyó.

Por su parte, el diputado Cristián Araya (Partido Republicano) criticó la decisión, cuestionando que tendrá un alcance limitado. “Lo que pudo traer un poco de alivio y luz de esperanza en medio del desamparo y sufrimiento de miles de chilenos que viven en el sur de nuestro país, se desvanece, quedando reducido a su mínima expresión, por las presiones del Partido Comunista. . “.

El parlamentario apuntó así al papel que ha jugado este último grupo en las decisiones del Ejecutivo. “Es inaceptable que el gobierno se deje gobernar por el brazo político de los terroristas, el Partido Comunista, y limite, al gusto de Teillier y compañía, la aplicación del Estado de Excepción”, dijo Araya.

Una opinión similar manifestó la Senadora María José Gatica (RN)quien declaró que “más que un estado de excepción es un estado de desilusión, porque será un despliegue medio militar donde los grupos criminales ya no van a atacar en las rutas principales, y estos grupos se van a concentrar en las vías del interior”. , en casas y campos, lo que será aún más peligroso.

brecha política

El tema ha generado un creciente desfase en la actual administración, con algunos representantes del Partido Socialista y del PPD pidiendo una reacción firme de la autoridad para enfrentar la violencia en la zona, mientras miembros del PC y del Frente Amplio se han negado. otorgar amplios poderes a los militares para intervenir.

Así, en su declaración, la ministra Siches buscó encontrar un punto intermedio, reconociendo las demandas políticas de los pueblos originarios de la región.

“Desde el Gobierno del presidente Gabriel Boric reconocemos que estamos ante un problema muy complejo y que no se va a resolver de la noche a la mañana. También sabemos que debemos actuar de manera coordinada como sociedad. Queremos recalcar que Nuestro Gobierno apuesta por una agenda de reconocimiento de los pueblos indígenascon quienes tenemos deudas seculares entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche”, subrayó.

Por ello, precisó, la autoridad buscará avanzar en una agenda compuesta por tres ejes. Además del estado de emergencia, la estrategia de seguridad incluirá la solicitud al Ministerio Público de un fiscal con dedicación preferente a la investigación de organizaciones criminales en el sur del país.

Junto a ello, se reforzará la labor de la Conadi en la compra y restitución de tierras, y se insistirá en los parlamentos territoriales entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche.