El gobierno y dirigentes de los camioneros llegaron a un acuerdo el sábado para levantar el paro que mantenía bloqueadas las rutas en el sur del paísy que obligó a paros de unidades productivas de empresas, tras acordar una propuesta de seis puntos para incrementar la seguridad en las vías, incluyendo una reforma constitucional para un estado de excepción para los militares para garantizar el libre tránsito bajo un mando civil.
El acuerdo que se alcanzó en Los Ángeles, donde una delegación gubernamental encabezada por el subsecretario de Gobernación, Manuel Monsalve, sostuvo conversaciones con choferes y camioneros de esa zona.
“Queremos valorar que hoy se ha desarrollado un diálogo que ha culminado en un acuerdo con líderes que representan a los trabajadores del transporte y también a los trabajadores del área forestal”, dijo el subsecretario.
“La demanda de seguridad en nuestro país es completamente legítima. Nadie puede compartir hechos de violencia tan graves como alguien que está trabajando en una carretera de Chile siendo baleado con armas de fuego. Nadie puede estar de acuerdo en que una periodista que realiza su trabajo en la Región Metropolitana sea baleada y permanezca en estado crítico. Nadie puede aceptar que a un policía le disparen y su muerte se produzca de una forma tan dramática como ha ocurrido estos días. Ese no es el país al que aspiramos los chilenos y chilenas”, agregó.
El acuerdo considera seis puntos que incluyen un aumento de capacidades policiales para controles preventivos en rutas, nuevos equipos de seguridad en las regiones del Biobío y la Araucanía por $5.500 millones, aumento de seguridad en rutas concesionadas -Ruta 5 y Ruta 160-, un seguro público complementario , un plan de compensación para trabajadores afectados por hechos de violencia rural y medidas legislativas para fortalecer la seguridad, incluida la reforma constitucional.
“El punto que ha generado mayor interés es la disposición del gobierno de impulsar una reforma constitucional que permita la creación de un nuevo poder para el Presidente de la República (…) Es un estado de protección y salvaguardia de los caminos y rutas, ya sea porque se produzcan alteraciones graves en la seguridad o para garantizar el libre tránsito por ellos.dijo Monsalve.
Según explicó, el proyecto pretende el presidente tiene la potestad de hacer uso de miembros de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad en las rutas de Chile, con diferencias sustancial con respecto a otros estados de excepción que están hoy en la Constitución, como, por ejemplo, que el mando que coordina sea de carácter civil, pero con mando militar desde el punto de vista operativo.
“Es un estado de excepción en el que no se permitirá restringir libertades como la libertad de reunión o la libertad para la libre circulación de los ciudadanos”, dijo Monsalve, quien se mostró optimista sobre su tramitación en el Congreso a través de un nuevo texto que se propondrá. a un Comité Mixto. El subsecretario también adelantó que el lunes líderes camioneros se reunirán con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados..
Monsalve fue consultada sobre las declaraciones de la tarde del viernes de la ministra del Interior, Izkia Siches, quien dijo que “todo tiene un límite” y anunció que el Gobierno ha resolvió suspender diálogo con camioneros desempleadosluego de que no cumplieran con el acuerdo de despejar las rutas a las que se había llegado el día anterior.
“El ministro dijo que esto había llegado a un límite, que era fundamental despejar las rutas, y eso es lo que estamos logrando hoy. Evidentemente lo que se dijo ayer de que si no hay despeje de las rutas evidentemente el gobierno protege el derecho a hacer uso de todas las herramientas que el estado de derecho permite y que se mantienedijo Monsalve.
“La diferencia es que hoy tenemos un acuerdo en el que en base a este acuerdo entendemos que los mandatarios han ido a sus bases para empezar a despejar la Ruta 5”, agregó.
Los jefes de Defensa de China y Estados Unidos se acusaron mutuamente de las tensiones entre las dos superpotencias durante un foro de seguridad que concluyó este domingo en Singapur sin diálogo directo entre las dos partes, mientras barcos de los dos países casi chocan en el Estrecho de Taiwán. .
Según informa EFE, el Shangri-La Dialogue -el foro anual de seguridad más importante de Asia- finalizó hoy sin que el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa chino, Li Shangfu, presentes en la conferencia, se sentaran a dialogar. , como había ocurrido entre representantes de ambos partidos en ediciones anteriores.
Beijing había negado la solicitud de Washington de que los dos se reunieran en Singapur el lunes, y culpó de la decisión a Estados Unidos, que sancionó a Li en 2018 tras acusarlo de comprar armas a la empresa estatal rusa Rosoboronexport.
Entonces, Li y Austin no intercambiaron más que un breve saludo y un apretón de manos en público en la cena de apertura del viernes.cuando compartieron mesa, además de escuchar las recriminaciones que ambos se dedicaron cuando subieron al podio a pronunciar discursos por separado, el estadounidense el sábado y el chino este domingo.
En su discurso, Li dijo el jueves que su país está “abierto” a la comunicación con la parte estadounidense, pero subrayó que “si no hay respeto mutuo, el diálogo no es productivo“, un día después de que Austin instó a su homólogo chino a hablar para “evitar errores de cálculo que conduzcan a un conflicto”.
Incidente en el Estrecho de Taiwán
Unos comentarios que coincidieron con un nuevo episodio de tensión en el Estrecho de Taiwán, donde un buque militar chino maniobró el sábado a escasos 137 metros del destructor estadounidense USS Chung-Hoon, mientras realizaba maniobras conjuntas con la Armada canadiense, evitando una colisión in extremis. .
EE.UU. y Canadá dicen que estaban en aguas internacionales, mientras que Pekín insiste en que esas son sus aguas territoriales, y en un comunicado, el portavoz del Comando Oriental del Ejército chino, Shi Yi, defendió que las fuerzas chinas actuaron dentro de la legalidad. .
Preguntado por el incidente, Li denunció hoy que “No se trata de viajes inocentes, sino de provocaciones“y reiteró la posición de China sobre Taiwán, una isla autónoma que Beijing ha considerado una provincia rebelde desde que los nacionalistas del Kuomintang se retiraron allí en 1949 después de perder la guerra civil.
Combinando el tono firme con la reafirmación de que China busca la reunificación “pacífica”, el ministro subrayó que su país “no promete ceder la fuerza” para apoderarse de Taiwán si surgen provocaciones, reiterando que “depende de China decidir cómo resolver ” el asunto.
Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, que abastece de armamento a la isla y en principio la defendería en caso de ataque, había afirmado el sábado que su país “cContinuará oponiéndose categóricamente a un cambio del statu quo (de Taiwán) por cualquiera de las partes.“.
“No buscamos el conflicto o la confrontación, pero no flaquearemos ante la coerción o el abuso”, agregó, haciéndose eco de Li.
La titular del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió a las declaraciones de la presidenta (S) de la Sala Tercera y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien dijo que hay que devolver los excedentes de las isapres solo “a las personas que demandaron”: “Esto es una novedad (…) Lo que se debe hacer, a través de la Superintendencia (de Salud), es pedir aclaraciones sobre el alcance de estas declaraciones”.
Las declaraciones fueron realizadas a través de una entrevista, por lo que corresponde solicitar un recurso de aclaración formal, dijo. Agregó que el Gobierno ha pedido previamente aclaraciones, pero no sobre este asunto en particular, porque “no parecía haber duda”.
Eso sí, aclaró que esto “no altera el rumbo del proyecto presentado por el Ejecutivo”, porque “no habla de montos, sino de mecanismos que se utilizarán para el pago de los montos correspondientes”.
En este sentido, la ministra aseguró que “estamos dispuestos a conversar, pero sí hay que tener en cuenta algunos principios como que cualquier modalidad que busquemos para que lo que ordena el juzgado se pague no se basa en impedir que se pague”. pagado o haciendo una especie de ‘lo siento'”.
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Y apuntó: “Buscamos que sea de pago, pero sin que el sistema sea inviable”, porque “no queremos que las personas afiliadas al sistema queden desprotegidas”.
En medio del debate por la situación financiera de las isapres, luego de que se emitiera un fallo que obliga a las aseguradoras a devolver US$ 1.400 millones a sus afiliados y el gobierno propusiera un proyecto de ley abreviado para cumplirlo, el presidente (S) de la Sala Tercera y portavoz del Tribunal Supremo, Ángela Vivanco, explicó los alcances del dictamen.
El ministro afirmó en entrevista con La Tercera que élLos excedentes deben devolverse solo a quienes demandaron. “ASi nunca ha demandado, no tiene nada que cobrar. Los excedentes que tienen que devolver las isapres son para las personas que demandaron”. Eso sí, aclaró que “el resto de los afiliados, a partir de esta sentencia, pueden exigir que se ajusten sus planes en adelante”.
El ministro explicó que desconocían el impacto económico que tendría ni a cuántas personas beneficiaría. “A nosotros Cuando dimos la extensión del plazo, fuimos claros en decir que estos estudios nunca nos habían sido presentados, cuál era el universo sobre el que se calculaban y cómo se calculaba.Eso nunca se nos presentó. Tampoco nos ha hecho ninguna pregunta ningún titular de estos procesos, es decir, ni la Superintendencia, ni las isapres”.
Sobre los cálculos de que el fallo favorecería a 700.000 afiliados, dijo que “es un número similar a los que han demandado, pero ese es un cálculo que solo te puedo decir en base a lo que hemos recibido a través de los medios”.
El ministro enfatizó que no estaban al tanto del costo de la resolución, porque “Son los titulares quienes deben hacernos conscientes de los costos que esto significa y en qué medida esos costos concuerdan o no con nuestra decisión. No podemos ir de oficio a investigar cómo se están haciendo los cálculos, no depende de nosotros”.
Vivanco también defendió la labor de los jueces y prestó atención al tono de las críticas que han recibido. “No es bueno para el país que se insulte a los jueces o que se les llame a no cumplir sentencias judiciales cuando molestan. parece muy serio Y digo esto tanto si es necesario cumplir con una sentencia judicial sobre la detención de una persona, como si es necesario cumplir con una sentencia judicial sobre una industria que paga excedentes o si se respetan las normas ambientales”.
El magistrado afirmó que respetan el cumplimiento de la Constitución, “y La Constitución contempla a la fecha la prestación mixta de servicios, y esto se da en educación, seguridad social, salud, etc.No tenemos animosidad ni tenemos especial simpatía por ninguna industria. eso quiere decir que vamos a fallar a su favor o en contra y lo único que hemos hecho es analizar los antecedentes jurídicos que se nos exponen, hacernos cargo de una situación de extrema judicialización”.
Asimismo, dijo que no son los verdugos de las industrias. “SSi las isapres o cualquier industria, no importa, consideran que una forma de cumplimiento les puede generar un problema grave, tienen todo el derecho de expresarlo así. y la autoridad sectorial tendrá que considerarlo así, porque esta sentencia nunca ha pretendido que la salud privada deje de existir. Si deja de existir la sanidad privada, no será por mandato ni por orden de los tribunales, sino por otras modificaciones que se hagan legales o constitucionales”.