Discrepancias existen en los principales gremios del sector minero -Consejo Minero y la Sociedad Nacional de Minería (Sonami)- por cómo afrontar el proyecto del Ejecutivo de ratificar el Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a seguridad en las faenas. Todo ello en un contexto de mayor fatalidad en la industria: a la fecha, han fallecido 12 personas en el sector, cifra que iguala a todo lo registrado en 2022.
De acuerdo a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, el convenio internacional confiere “el derecho a los trabajadores de notificar los accidentes, incidentes peligrosos, riesgos al empleador y la autoridad competente, solicitar que se efectúen inspecciones e investigaciones, conocer riesgos existentes en el lugar de trabajo, obtener información relativa a la seguridad y salud, derecho a retirarse de cualquier sector de la mina cuando haya motivos razonablemente fundados para pensar que la situación presenta un peligro grave, entre otros”.
El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, dijo que la entidad que agrupa a las grandes compañías del sector “apoya la ratificación del Convenio 176 en la medida que se precisen ciertos puntos”.
US$ 73.655millones suma la cartera de proyectos mineros a 2031.
Y es que, a su juicio, esto “resulta indispensable para evitar que se reduzca el estándar de seguridad y salud en el trabajo minero, así como para evitar incertezas e interpretaciones incorrectas”.
Para el Consejo Minero, los tres puntos que se deben esclarecer se relacionan con, primero, el alcance del sistema de responsabilidad por culpa. Segundo, la institucionalidad que exista para el cumplimiento de los derechos de consulta y participación de los trabajadores y, por último, la importancia del autocuidado y cuidado colectivo del trabajador, según consta en una presentación realizada ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Respecto del primer aspecto, Villarino precisó que la propuesta del Ejecutivo se refiere a “garantizar una explotación segura, y procedimientos que garanticen la seguridad del sistema de trabajo y la protección de trabajadores” y “asegurar la vigilancia sistemática de la salud de trabajadores”, pero detalló que la versión en inglés es menos categórica (“to provide conditions”).
En este mismo aspecto, una variable es la responsabilidad legal de la empresa mandante. De acuerdo a Villarino, el objetivo de las precisiones que busca el Consejo Minero es “evitar que se debilite la responsabilidad del empleador directo en materia de seguridad, concentrándose principalmente en el responsable de la mina y pudiendo desincentivar que los empleadores directos pongan el debido foco en estas materias”.
Y respecto a la institucionalidad para el cumplimiento de los derechos de consulta y participación de los trabajadores, el Consejo Minero estimó que estos derechos se ejercen a través de los comités paritarios, no siendo necesario crear una instancia nueva.
Sonami no quiere ratificar
El gremio Sonami no quiere ratificar el Convenio 176 hasta que no se resuelvan una serie de nudos e inconvenientes, explicó su presidente, Jorge Riesco.
Para Riesco y para la Sonami, la ratificación del Convenio 176 “podría introducir factores que distorsionen y hagan más complejo el cumplimiento de la vasta normativa vigente”.
Un elemento de alarma para Sonami es que en el ámbito de la aplicación del Convenio 176, las directrices o diseños de gestión de seguridad y salud (sistemas de control de riesgos fatales, control de alcohol y drogas, control de exámenes psicosensotécnicos, o exámenes necesarios para trabajo en altura), podrían ser sujetos de participación por parte de los trabajadores, labor que hoy es propia de los omités paritarios. Con ello, advierten, el tema se aleja del área técnica para transformarse eventualmente en materia de negociación colectiva.
Por último, es importante destacar que la pequeña minería también podría verse afectada por la posible ratificación de este Convenio. Al respecto, el Reglamento de Seguridad Minera, en uno de sus títulos, regula las obligaciones de los pequeños productores y “la aplicación del Convenio podría hacer más gravosa la actividad e impedir el desarrollo de la actividad minera de pequeña escala”, señaló Sonami.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.
La startup tecnológica de conducción autónoma WeRide presentó su solicitud para lo que podría ser la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de una empresa china en Estados Unidos desde la desastrosa cotización de la empresa de viajes compartidos Didi Global, en 2021.
WeRide dijo en una presentación este viernes que puede enfrentar “varios riesgos e incertidumbres legales y operativos asociados con tener nuestra sede o nuestras operaciones principalmente en China continental”. La compañía no revelará el número ni el rango de precios propuesto para sus Acciones Depositarias Estadounidenses (ADR, sigla en inglés) hasta que esté lista para comenzar a comercializarlas.
WeRide, constituida en las Islas Caimán, solicitó de forma confidencial una OPI con un plan para recaudar hasta US$ 500 millones, informó Bloomberg News el año pasado. Después de que la OPI de Didi por valor US$ 4.440 millones provocara una ofensiva por parte de Beijing contra las empresas con datos confidenciales que vendían acciones en el extranjero, los listamientos en Estados Unidos de empresas con sede en China se habían estancado.
En su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, sigla en de EEUU), WeRide dijo que tuvo una pérdida de US$ 268 millones de sobre ingresos de US$ 55 millones el año pasado.
Fundada en 2017, WeRide desarrolla tecnología de conducción autónoma y la está probando o implementando comercialmente en 30 ciudades en siete países, dijo en el documento. WeRide produce vehículos que incluyen robotaxis, minibuses, furgonetas y barredoras de calles, además de sus soluciones de software y hardware para conducción autónoma.
Según el documento, el actual inversor Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance acordó comprar acciones en la OPI en una colocación privada.
La oferta está dirigida por Morgan Stanley, JPMorgan Chase y China International Capital. La compañía planea que sus ADR coticen en el mercado de valores Nasdaq con el símbolo WRD.
La espectacular ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París comenzó el viernes por la noche con una flota de barcos que transportaban a 10.500 atletas a lo largo del río Sena, la primera versión al aire libre del espectáculo que se espera sea visto por mil millones de personas.
Sin embargo, el evento se vio ensombrecido por un acto de sabotaje criminal que afectó a la red ferroviaria de alta velocidad de Francia en las primeras horas de la mañana y provocó un caos en el transporte en todo el país. Una fuerte lluvia comenzó a caer aproximadamente a los 30 minutos del espectáculo de tres horas, un escenario de pesadilla para los organizadores de la representación teatral que contó con un elenco masivo de bailarines, dos orquestas y un grupo de estrellas del pop, incluida Lady Gaga haciendo una actuación con tintes de cabaret.
“Estamos preparados para este magnífico acontecimiento”, afirmó el ministro del Interior, Gérald Darmanin, antes de la ceremonia, añadiendo que no se habían detectado amenazas específicas. El sabotaje ferroviario “no tendría consecuencias directas sobre los Juegos Olímpicos ni sobre la ceremonia”.
Lady Gaga lleva el cabaret a la ceremonia de apertura de los Juegos de París en el Sena
A media tarde se habían formado largas filass para que los poseedores de entradas ingresaran al perímetro altamente seguro a lo largo del río Sena, donde se esperan 320.000 espectadores a lo largo de los muelles adoquinados de la época medieval. El formato del evento requirió una fuerte seguridad: 45.000 policías fueron desplegados en tierra y en el aire, utilizando helicópteros, drones y francotiradores colocados en los tejados.
El clima también puso a prueba a las docenas de capitanes de barcos experimentados que impulsaron el desfile, quienes navegaron precisamente a la velocidad adecuada para mantener el espectáculo en línea. Algunos espectadores huyeron de los muelles para refugiarse mientras llovía a cántaros.
El presidente Emmanuel Macron recibió a más de 100 jefes de estado en la plaza Trocadero, al otro lado del río desde la Torre Eiffel, donde los atletas desembarcaron para un desfile final y una actuación esperada por la favorita francófona Céline Dion. Jill Biden, esposa del presidente estadounidense, y otros líderes asistieron previamente a una recepción en el palacio del Eliseo.
El espectáculo de tres horas contó con bailarines de ballet en el tejado del Louvre, mientras que cientos de bailarines modernos y breakdancers actuando en los muelles y en algunos de los barcos. Los artistas lucieron trajes hechos a mano por modistos franceses, incluidos Louis Vuitton y Dior de LVMH.
Cuando Reboul le propuso la idea a Tony Estanguet, jefe del comité organizador de París, el dos veces ganador de la medalla de oro reaccionó con un estupor que rápidamente se convirtió en entusiasmo. “Será ambicioso, audaz y totalmente loco”, afirmó Estanguet recordando el momento.
Aunque los funcionarios se han mostrado vagos sobre el precio, los medios franceses han informado que la ceremonia costará alrededor de 120 millones de euros, es decir unos US$ 130 millones y aproximadamente cuatro veces el costo de la inauguración de los Juegos de Londres 2012. Se espera que el coste total de los Juegos de París, que se presentó como una edición más ecológica porque se construyó poca infraestructura nueva, alcance entre 9.000 y 10.000 millones de euros, según el auditor nacional. Alrededor de un tercio de esa cantidad será costeada por los patrocinadores.