El gobierno presentará esta semana una indicación al Congreso para crear el nuevo “estado de protección y salvaguardia constitucional”, que busca asegurar seguridad de algunas carreteras “en caso de alteración grave de la seguridad o de la libre circulación en vías que se consideren esenciales”, según un acta entregada en este día por el gobierno a los oficialistas en el comité político desarrollado en La Moneda.
El texto será enviado a la comisión mixta que se reunirá esta semana para dirimir las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto a un proyecto de senadores de derecha que no obtuvo apoyo y que también fue objeto de una indicación de la administración de Sebastián Piñera, quien buscó establecer la protección de la infraestructura crítica en diversas áreas de servicios básicos.
La nueva propuesta establece que la forma de establecer el estado de amparo y amparo constitucional será “mediante decreto supremo fundado, suscrito por el Presidente de la República y por los ministros encargados de la Seguridad Pública y la Defensa Nacional” y que “Se debe establecer qué tramos concretos de las vías esenciales necesitan ser protegidos o vigilados. El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional las medidas que adopte en virtud de este artículo”.
También establece un autoridad civil a cargo de la implementación del nuevo estado que, si bien queda por definir quién asumirá ese rol, “estará a cargo de las tareas de dirección y coordinación necesarias para la protección y albergue; tendrá la facultad de dictar las medidas e instrucciones necesarias para el cumplimiento de su cometido”.
Se precisa que “el titular de la Defensa Nacional estará sujeto a la autoridad civil y tendrá la facultad de asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden Público y Seguridad que estén destinados a la protección y amparo”.
Algunas definiciones:
Limitaciones: el estado de protección y amparo constitucional no podrá afectar el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución garantiza a todas las personas. El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional las medidas que adopte en virtud de este artículo.
Las medidas de protección y salvaguardia deberán cumplir con el más estricto respeto a los derechos humanos y a los instrumentos y principios internacionales relativos al uso de la fuerza, y no podrán extender su alcance más allá de la delimitación señalada en el decreto supremo.
Validez: se replica el mecanismo y términos del estado de emergencia. Las medidas adoptadas durante el estado de protección y amparo constitucional no podrán prorrogarse por más de quince días, sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda prorrogarlas por igual período. Para las prórrogas sucesivas, el Presidente requerirá siempre la conformidad del Congreso Nacional. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el segundo párrafo del artículo 40.
Definición de vías esenciales: aquellas cuya perturbación pueda implicar una alteración grave para el normal abastecimiento y la conectividad de los territorios, de tal forma que se perjudique el bienestar y la seguridad de las personas.
JPMorgan Chase incorporará los bonos soberanos de India a su índice de referencia para los mercados emergentes, un acontecimiento muy esperado que podría generar miles de millones de dólares en entradas de capital extranjero para el mercado de deuda del país.
El proveedor de índices añadirá los títulos al índice JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets a partir del 28 de junio de 2024. El país del sur de Asia tendrá una ponderación máxima del 10% en el índice, según un comunicado emitido este jueves.
La inclusión en el índice se produce tras “la introducción por parte del Gobierno indio del programa FAR en 2020 y las reformas sustanciales del mercado para ayudar a las inversiones de cartera extranjeras”, dijo en un comunicado el equipo dirigido por la jefa global de investigación de índices de la firma, Gloria Kim. Casi tres cuartas partes de los inversores encuestados estaban a favor de la inclusión de India en el índice.
La incorporación de India a uno de los principales índices mundiales dará a los inversionistas un mayor acceso a la gran economía de más rápido crecimiento del mundo, que ofrece algunos de los rendimientos más altos de la región. Según HSBC Holdings, la inclusión también puede provocar flujos de hasta US$ 30 mil millones.
Cisco anuncia mayor adquisición de su historia en una compra calificada como la “Moby Dick” de la industria tecnológica
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La quiebra de la constructora Claro, Vicuña, Valenzuela (CVV), ocurrida a fines de 2022, suma nuevas acciones judiciales.
La AGF de Vantrust Capital, administradora del Fondo de Inversión Privado (FIP) Vantrust CVV II, que a su vez es el principal acreedor de la constructora, se querelló en contra de un grupo de aportantes ligados a los dueños de la empresa.
La acción legal de Vantrust está dirigida en contra de la sociedad Inversiones El Bosque Dos (mediante la cual los hermanos Claro Vial son accionistas de CVV), Margarita Bezanilla (esposa de Pablo Claro Vial) y María Catalina Lyon (casada con Luis Alberto Claro Vial).
La firma sostuvo que los querellados formaban parte de una serie subordinada que, en caso de pérdidas en la cartera, pagaría la rentabilidad mínima esperada y el capital aportado por los inversionistas preferentes.
La gestora acusa a esta sociedad y al grupo de personas de ejercer administración desleal de patrimonio ajeno, luego que los querellados no acudieron a un aumento de capital solicitado para el fondo. Esta decisión habría impactado en $ 404 millones al patrimonio del fondo.
De acuerdo a la querella, el reglamento interno del fondo establecía que los aportantes querellados formaban parte de una serie subordinada, cuyo capital invertido se ocuparía en caso de pérdidas para pagar una rentabilidad mínima a los inversionistas preferentes.
Al no suscribir el aumento de capital, el valor de la cartera no fue suficiente para cubrir los aportes de capital y el retorno de la serie preferente.
La estructuración del FIP
El fondo privado inició sus operaciones en marzo de 2021 e invirtió en la constructora a través de 50% en capital de trabajo y 50% en operaciones de confirming, con un plazo total de 18 meses.
Para entrar al fondo, existían dos series de cuotas: la primera, subordinada y reservada para personas relacionadas a la constructora; y la segunda o preferente, compuesta por clientes de Vantrust, con un retorno esperado de 0,7% nominal mensual.
Esta última rentabilidad dependía de los aportes de los accionistas de la constructora. En tanto, la subordinada recibirá cualquier exceso al retorno esperado de la preferente, sin límite a los montos que pudieran alcanzar.
“Gozará de los beneficios y soportará las eventuales pérdidas que puedan originarse con ocasión de la inversión del fondo”, señala el reglamento interno del FIP sobre la categoría reservada para personas relacionadas a CVV.
Vantrust estableció en el reglamento que el fondo debería cumplir un ratio mínimo para la serie subordinada, la que debía representar siempre el 25% del patrimonio del vehículo.
En caso de disminuir ese porcentaje, los aportantes de esta serie debían enterar nuevos aportes para reestablecer los mínimos exigidos.
El aumento de capital
La decisión de llamar a un aumento de capital para la serie subordinada se tomó el 25 de noviembre de 2022 en una asamblea de aportantes del FIP, casi un mes después de que CVV se declarara en quiebra.
Según se relata en la acción judicial, a la fecha de la liquidación voluntaria de la constructora, el fondo mantenía en su cartera pagarés, operaciones de confirming e intereses por $ 6.551 millones.
Sobre la base de un modelo de deterioro, se calculó que la pérdida estimada de la cartera del fondo, -tras la quiebra de CVV- podría alcanzar los $ 3.590 millones. De esta manera, la nueva valorización se ubicaría en $ 2.950 millones.
“El valor calculado de la cartera del fondo no alcanzaría siquiera a pagar el retorno esperado correspondiente a la serie preferente, ya que aún destinando el 100% del nuevo valor de la cartera ($2.954.901.033) al pago del retorno esperado y el capital aportado por los aportantes de la serie preferente, de conformidad a lo dispuesto en el reglamento interno del fondo, existe un saldo que no alcanza a ser cubierto”, sostiene la querella.
El 28 de noviembre de 2022, Vantrust concretó un llamado de capital por casi $ 1.000 millones para la serie subordinada del vehículo para cubrir el saldo. El plazo máximo para suscribir el aumento de capital fueron cinco días hábiles.
Sin embargo, transcurrido el plazo, los accionistas de CVV no suscribieron la operación, incurriendo, según la AGF, en el delito de administración desleal del patrimonio del resto de los aportantes del fondo.
“Esta notificación fue realizada a todos los querellados, los que válidamente emplazados a cumplir con su obligación, no realizaron los aportes a los que están obligados por ley y por reglamento, generando consecuencialmente un perjuicio total estimado en $ 404.518.358”, acusó Vantrust en la querella.
La acción penal sostuvo que Inversiones El Bosque Dos habría ocasionado un perjuicio estimado de $ 157 millones, Bezanilla $ 82 millones y Lyon $ 164 millones.
La plataforma de ChileCompra, Mercado Público, se ha ido restableciendo en forma paulatina desde la noche del 19 de septiembre, luego de un ataque cibernético que afectó a su proveedor de infraestructura IFX Networks.
La directora de ChileCompra, Verónica Valle, informó en la tarde de este jueves que los servicios todavía no se encuentran disponibles en su totalidad, y agregó que en esta plataforma se transan más de US$ 15.000 millones al año.
“Por ahora restablecimos las ocho funcionalidades principales y estamos ampliando la infraestructura del sistema de contingencia para tener la capacidad de procesamiento suficiente para soportar todas las funcionalidades de la plataforma”, señaló la directiva.
El detalle de los avances
Valle agregó que en las últimas 24 horas, las entidades han emitido 1.780 nuevas órdenes de compra a proveedores del Estado por montos sobre los US$ 11,3 millones, pero agregó que aún no se alcanzan las cifras habituales de transacciones en la plataforma.
La directora enfatizó que las necesidades de los compradores y proveedores del Estado son la prioridad ahora, por lo que están atendiendo todas las consultas a través de diferentes canales, además de tener contacto directo con sectores relevantes del Estado.
Este ataque de ciberseguridad es considerado como uno de los mayores de Latinoamérica de los últimos años, y la principal tarea del servicio fue resguardar la seguridad de la base de datos “y esto se logró con el apoyo mancomunado de varias entidades del Estado pertenecientes al Ministerio de Hacienda, Interior y Segpres” señaló Valle.
Además, agregó que “lo más complejo en este periodo fue que IFX Networks no tuvo una comunicación oportuna y clara, y tampoco nos dieron -por cerca de 1 semana- tiempos de solución respecto a lo ocurrido”, detalló la titular del servicio.
Organismos retoman sus procesos
Desde ChileCompra indicaron que todas las licitaciones de publicidad y aún abiertas a las 23:59:59 horas del 11 de septiembre (día del ataque) quedaron suspendidas. Este estado permitió que, a partir del restablecimiento de Mercado Público, los mismos organismos públicos determinen la ampliación de plazos.
Agregan que a las 14:00 horas de hoy jueves se ha verificado que de las 5.260 licitaciones suspendidas, las entidades públicas ya cambiaron el estado en 1.995con el siguiente detalle:
– Se mantienen publicadas 1.842 licitaciones – Fueron cerradas 89 licitaciones – Las entidades declararon desiertas 39 licitaciones – Y fueron revocadas 17 licitaciones
El servicio señaló que sigue monitoreando minuto a minuto la plataforma para ir detectando los problemas que puedan surgir y trabajar en restablecer la data histórica de las compras públicas.
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