Sin duda, sorprendieron las palabras del ministro Mario Marcel el fin de semana pasado, respecto al proceso constituyente: “Lo que he visto hasta ahora, en lo que a economía se refiere, no veo riesgos”.

Se sorprendieron porque el Ministro de Hacienda es reconocido como un profesional sólido, con experiencia en el servicio público y con un conocimiento profundo de la relación entre las instituciones políticas y económicas.

“Es incomprensible que, por razones políticas, se puedan tergiversar los hechos y dejar de lado la razón técnica para evaluar las decisiones de la Convención: la verdad es que hay muchas razones para preocuparse”.

Por eso llaman tanto la atención sus comentarios sobre la falta de riesgos en las reglas económicas que está estableciendo la Convención Constituyente. Una cuestión es entender que un Ministro de Estado tiene un rol político para apoyar las iniciativas de su coalición de gobierno, pero otra muy distinta es aceptar que por razones políticas se pueden tergiversar los hechos y dejar atrás la razón técnica para evaluar las decisiones de los Convención y su impacto en la inversión y el funcionamiento de la economía del país.

Las decisiones de la Convención que conocemos hasta ahora en materia económica están, sin duda, lejos de ser tranquilizadoras o exentas de riesgos. Implican un cambio sustantivo y un deterioro relevante respecto de la normativa vigente. Esto por dos razones principales. La primera, porque las instituciones económicas que se han propuesto son débiles y peores que las actuales. La segunda, porque estas reglas se insertan -también- en un sistema político institucional que lo hace viable o no, y que claramente parece destinado a incrementar los costos de transacción y deteriorar los incentivos para invertir y crear valor.

En cuanto a las reglas económicas, se debilita profundamente el derecho de propiedad, ya que en la expropiación no se repara el daño patrimonial, no se paga en dinero ni en efectivo.

Se considera la ya discutida idea de “precio justo”. Respecto a los pueblos indígenas, la idea de restitución se establece de manera compleja, y con impactos en la propiedad y la inversión. En materia ambiental y de impacto comunitario, se establecen requisitos de aprobación local que harán mucho más complejo invertir y generar valor con niveles razonables de certeza. Es cierto que en términos del Banco Central la noticia no es tan desalentadora, pero el conjunto de regulaciones económicas en ningún caso permite afirmar que den tranquilidad o sean favorables.

En cuanto a las instituciones políticas, también tendrá un impacto negativo en el sistema económico. Un poder político con contrapesos muy débiles, un Congreso de bicameralismo sólo aparente, un conjunto de sistemas judiciales que representan a diferentes nacionalidades o grupos, una estructura territorial de gobiernos autónomos que no dialogan naturalmente entre sí, la consagración de un Estado plurinacional, la la prioridad estatal en muchos aspectos de la actividad económica, el debilitamiento de la iniciativa presidencial exclusiva, son ejemplos concretos de por qué hay que preocuparse.

La incorporación del Ministro Marcel al gabinete del Presidente Boric fue una muestra de moderación y espacio para incorporar sensatez y persuasión dentro del gobierno. Sus declaraciones del fin de semana, lamentablemente, lo alejan de ese rol.