Mataquito Transmisora de Energía anunció el martes su decisión de presentar un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros ante la decisión de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) de emitir una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable para el Proyecto de Transmisión Eléctrica Interregional “Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue – S/E Hualqui”.
“Estamos seguros que el proyecto puede ser ejecutado con las máximas garantías medioambientales, aportar al desarrollo de la estrategia energética del país y contribuir substancialmente con el plan de descarbonización, permitiendo viabilizar proyectos de energía renovables que dependen de esta línea de transmisión y que representan un tercio de la demanda máxima del sistema”, dijo la empresa en un comunicado, y agregó que espera que el Comité de Ministros “rectifique y permita posibilitar un proyecto estratégico para el sistema eléctrico chileno”.
Mataquito recordó que el proyecto -que involucra a 20 comunas y tiene una extensión total de casi 400 km- forma parte del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Zonal decretado por el Ministerio de Energía, porque es considerado clave para elevar la calidad de suministro y confiabilidad del sistema eléctrico en tres regiones del sur del país (Maule, Ñuble y Bío Bío) y garantizar un suministro estable en el Gran Concepción.
“Se trata del segundo proyecto de transmisión más grande en tramitación ambiental y una de las iniciativas más relevantes para el proceso de transición energética y descarbonización que impulsa Chile, sus autoridades y la industria energética, ya que posibilitará la conexión de 17 proyectos de energía renovable por 3.600 MW que se encuentran actualmente en proceso de desarrollo, y que implican inversiones cercanas a US$4.000 millones y la creación de más de 10 mil empleos durante las respectivas etapas constructivas”, dijo.
Agregó que la línea “Itahue – Hualqui” contempla una inversión de US$324 millones y la generación de 720 empleos directos, ratificando así su relevancia para el aporte al mercado laboral de la zona centro sur en un contexto de baja actividad económica.
“Nuestra compañía ha trabajado diligentemente en el desarrollo del proyecto desde su adjudicación y con especial ahínco técnico en lo que concierne a la tramitación ambiental. Desde su ingreso en el Sistema de Evaluación Ambiental, en agosto de 2020 – en plena pandemia -, ha contado con un exhaustivo proceso de estudio, incluyendo tres procesos de participación ciudadana, tres instancias de aclaraciones y aporte de información adicional requerida por el SEA, e innumerables campañas ambientales en terreno que garantizan una adecuada evaluación del impacto ambiental del proyecto”, señaló.
“Adicionalmente, la empresa ha establecido numerosas medidas de compensación ambiental voluntarias, que abordan tanto la fase constructiva como la posterior operación del proyecto, así como un plan de relacionamiento comunitario fijando un canal de comunicación permanente con las comunidades vecinas. Durante la tramitación ambiental, trabajamos colaborativamente con los organismos públicos con competencia ambiental que presentaron observaciones al proyecto -lo cual es esperable para un proyecto de la complejidad y longitud como este-, y sobre todo aquellos que pusieron reparos por la ubicación puntual de parte de la infraestructura, los que fuimos subsanando durante las etapas del proceso”, añadió.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.