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Economia

Pleno finaliza votación de normas permanentes para el borrador de la nueva Constitución

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Él plena convención constituyente votado durante este día último informe de los artículos que formarán parte de la nueva Constitución antes de la entrega del primer proyecto de texto constitucional, que será entregado este lunes 16 de mayo. Los convencionales dieron su aprobación de 14 normaslos que alcanzaron el quórum de 2/3 -103 votos-.

En la instancia, el artículos de la comisión de medio ambienteDerechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico que fueron rechazados el 7 de mayo, recibieron hoy una segunda oportunidad con sus respectivas modificaciones, junto con más de cien indicaciones hechas por los constituyentes y nuevos artículos.

Cerca de 4 horas de discusión tuvo la Convención sobre temas como el desarrollo de la minería en el país, sistema económico, soberanía alimentaria, aguas, mar y glaciares, donde luego dieron paso a la votación.

Áreas protegidas y pequeña minería

Una de las disposiciones aprobadas sobre el desarrollo de la minería en el país tiene que ver con la zonas de exclusión de la actividad minera. Así, lo convencional aprobado con 108 votos a favor8 en contra y 30 abstenciones a favor artículo 24que establece la exclusión de toda actividad minera de “glaciares, áreas protegidas, las que establezca la ley por razones de protección hidrográfica, y las demás que ésta declare.”

Asimismo, se apoyó la idea de que El Estado “debe regular los impactos y efectos sinérgicos generados en las distintas etapas de la actividad minera, incluyendo su cadena productiva, cierre o paralización (…). Estarán obligación de quien realiza la actividad minera destinar recursos para reparar el daño causadopasivos ambientales y mitigar sus efectos nocivos en los territorios en los que se desarrolla, de conformidad con la ley.

Sin embargo, uno de los artículos más controvertidos de la jornada recibió una amplio rechazo. Este fue el caso de artículo 27con 60 votos a favor, 66 en contra y 17 abstenciones, lo que definió que las actividades mineras, como la exploración, explotación o uso, debían ser autorizadas por títulos administrativos definidas por la ley, mientras que sus beneficiarios estarían obligados a realizar las actividades respectivas.

Agregó que “Los títulos otorgados bajo la vigencia de esta Constitución se otorgarán temporalmente. (…)”, y que éstos serían entregados mediante un procedimiento transparente e informado a la ciudadanía, por un organismo autónomo creado por ley.

Del mismo modo, relacionado con Las regalías del Estado por la minería también fueron rechazadas.donde uno de los reglamentos dispuso que “La ley regulará las regalías u otras formas de compensación patrimonial que el Estado deba percibir por la explotación y uso de sustancias (…)”, las cuales no tendrían carácter tributario.

Un nuevo artículopropuesto por la constituyente Ivanna Olivares, obtuvo el aprobación en plenario con 108 votos a favor, 13 en contra y 25 abstenciones. La regla determina que El Estado debe “proteger la pequeña minería y la explotación de canteras, los incentivará y facilitará el acceso y uso de las herramientas, tecnologías y recursos para el ejercicio tradicional y sostenible de la actividad”.

Aguas, mar territorial y semillas tradicionales

El Pleno también dio luz verde al artículo 5°lo que indica que “El Estado promoverá y protegerá la gestión comunitaria del agua potable y saneamientoespecialmente en las zonas y territorios rurales y extremos, de conformidad con la ley”.

Por otro lado, el artículo 9lo que indica que “el mar territorial y las playas son bienes comunes naturales impropios”, obtuvo 109 a favor, 5 en contra y 31 abstenciones. Además, fue estándar aprobado qué garantiza la protección de los glaciares y el entorno glacial de parte del Estado, incluidos los suelos congelados y sus funciones ecosistémicas.

Otro de los asuntos aprobados durante la sesión fue sobre la Territorio Antártico Chileno. El artículo establece que esta zona, incluidos sus espacios marítimos, “Es un territorio especial y zona fronteriza en la que Chile ejerce soberanía y derechos soberanos respectivamente, con pleno respeto a los tratados ratificados y vigentes”, que el Estado debe “preservar, proteger y cuidar”.

Los convencionales dieron su aprobación del artículo 21que indica el derecho de todas las personas a un “un mínimo vital de energía asequible y segura”. Asimismo, el Estado debe “garantizar el acceso equitativo y no discriminatorio a la energía que permita a las personas satisfacer sus necesidades, asegurando la continuidad de los servicios energéticos”.

Sobre soberanía alimentariael pleno aprobó el artículo que establece que “El Estado garantiza la derecho de los campesinos, campesinas y pueblos originarios al libre uso e intercambio de semillas tradicionales”.

Sistema económico y política fiscal

Las dos disposiciones que recibirían hoy una nueva oportunidad para ser incluidas en el proyecto de texto constitucional de esta sección fueron rechazadas, relacionadas con los derechos del consumidor y el gasto público.

El único artículo aprobado fue una nueva norma propuesta por la constituyente de Olivares, sobre un Política Portuaria Nacional, “que se organizará en torno a los principios de eficiencia en el uso del litoral; la responsabilidad ambiental, poniendo especial énfasis en el cuidado de la naturaleza y los bienes naturales comunes; la participación pública de los recursos generados por la actividad (…).”

derechos humanos ambientales

Finalmente, con 115 votos a favor, 2 en contra y 26 abstenciones, Se apoyó la idea de que “Es deber del Estado garantizar la educación ambiental que fortalezca la preservación, conservación y cuidado requeridos con respecto al medio ambiente y la Naturaleza, y que permita la formación de una conciencia ecológica”.

#Pleno #finaliza #votación #normas #permanentes #para #borrador #nueva #Constitución

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URGENTE CRISIS EN LA SALUD

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En este punto, es difícilmente discutible que el sistema de salud privado requiere cambios importantes. Pero estos cambios -tanto de la propia industria como de las normas que la regulan- deben tender a una continuidad operativa y financiera del sistema que le permita seguir siendo un complemento del sistema público de salud, ante una crisis que culmina en la inviabilidad de las isapres supondría un riesgo sistémico para toda la salud, tanto privada como pública.

Entre los cambios más urgentes que se discuten desde hace más de una década, está garantizar la movilidad de los usuarios entre aseguradoras, hoy dificultada por condiciones preexistentes; mayor transparencia o sencillez para las personas a través de la creación de un plan único, y buscar mecanismos que permitan contener los crecientes costos de salud, racionalizando el uso de las licencias médicas, así como incentivando la eficiencia en los proveedores y la prevención por parte de las aseguradoras.

Sin duda la peor alternativa sería pensar en un monopolio estatal en la administración del aporte del 7% de los afiliados. Esto porque es evidente que la salud pública actualmente se encuentra desbordada y brinda, en términos generales, un servicio subóptimo (si no deficiente) a los beneficiarios de Fonasa, abrumados por largas listas de espera para una gran cantidad de servicios. Pero también porque todas las encuestas indican que la gente valora la prestación mixta en los servicios de salud, tanto en la gestión de su 7% como en la atención de sus problemas.

La falta de proactividad por parte del Congreso y del Poder Ejecutivo para implementar cambios al sistema durante años (además de la falta de presiones explícitas de las Isapres para que estos ocurran) -al punto de llegar hoy a una crisis financiera-, sumado a las decisiones de la Corte Suprema respecto a la implementación de reajustes al precio base de los planes (congelados desde 2020) y la tabla de factores, dejando su implementación en manos de la Superintendencia.

Ante esta crisis, no se trata de “salvar” -o eliminar- a las isapres, como erróneamente han sugerido algunos, sino de enfocar el sistema de salud en su conjunto -privado y público-, para que sea viable. , asequible y de calidad.

#URGENTE #CRISIS #SALUD

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CELAC 2023: democracia regional en retroceso

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HERNÁN SALINAS, Ex Embajador de Chile ante la OEA, Director del Centro de Estudios Internacionales de la PUC

La Carta Democrática Interamericana de 2001 especifica y desarrolla los principios de la Carta de la OEA, estableciendo que “los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla” (art. 1), definiendo elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres y justas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de los partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos” (art.3), y señalando que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos.

Estos principios y obligaciones forman parte del Derecho Internacional Americano y, por tanto, vinculan a todos los Estados de la región más allá de la OEA.

Recientemente, se llevó a cabo la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde participan los Estados Americanos, excluyendo a Canadá y Estados Unidos. Entre ellos Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyos gobiernos están lejos de cumplir con los elementos esenciales de cualquier democracia.

Al inaugurarlo, el presidente argentino, Alberto Fernández, en contradicción con los principios expuestos, señaló que “todos los que están aquí han sido elegidos por sus pueblos y sus pueblos los legitiman como gobernantes…”, colocando así a las dictaduras con las democracias del continente, violando el principio de no neutralidad estadounidense frente a los regímenes totalitarios, y excluyendo así de la agenda de la reunión la defensa de la democracia.

Así quedó confirmado en la Declaración de Buenos Aires aprobada, que más allá de una declaración retórica general, no incluyó ninguna condena o exhortación a respetar la democracia y los derechos humanos de las referidas dictaduras. Por el contrario, al referirse a ellos es solo para condenar el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, solicitar su salida de la lista de patrocinadores del terrorismo internacional y enaltecer acuerdos no sustanciales del incipiente proceso negociador entre la dictadura de Maduro y la oposición. . . En cuanto a Nicaragua, nada.

El Presidente Boric, contrario a nuestra tradicional política exterior de Estado, en vez de hacer una fuerte defensa de la democracia y los derechos humanos, hizo un retórico llamamiento general en defensa de los mismos, exhortando únicamente a la liberación de los presos políticos en Nicaragua y tuvo una cuidadosa intervención respecto a la crisis venezolana. Sin embargo, sesgadamente, guardó silencio frente a la dictadura cubana, dedicando una parte importante de su discurso a criticar la situación del Perú, atribuyendo sin datos concluyentes la muerte de más de medio centenar de personas a la represión de las autoridades peruanas, a la detrimento de nuestras relaciones. con ese hermano país, que legítimamente invocó el principio de no intervención.

En ese sentido, fue significativo el llamado del presidente Lacalle de Uruguay a no tener “una visión hemipléjica del respeto a la democracia, a las instituciones, a los derechos humanos, según el perfil ideológico”.

En conclusión, la CELAC 2023 fue una demostración del paulatino abandono de los principios de promoción y defensa de la democracia como objetivo regional, en un contexto predominante de gobiernos de izquierda.

#CELAC #democracia #regional #retroceso

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¿Cómo ha impactado la crisis política de Perú a la moneda y mercado bursátil de ese país?

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