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Economia

Propuesta de normas transitorias: nuevo Congreso partiría en 2026 y actual mandatario no sería reelecto

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La Comisión del Sistema Político aprobó ayer en general sus propuestas de normas transitorias para la implementación de los cambios que establece la nueva Constitución y que dan forma a un nuevo parlamento asimétrico, integrado por un Congreso de los Diputados y una Cámara de Regiones; y un presidencialismo atenuado, cambios que comenzarían a partir de 2026, es decir, al término de casi todos los mandatos de las actuales autoridades.

Ahora las normas pasaron a su análisis en particular a la Comisión Transitoria de Normas -que inicia sus funciones el lunes 16 de mayo-, la cual podría ratificarlas o modificarlas, antes de ser sometidas al pleno.

“El Tribunal Constitucional se entenderá abolido en su totalidad a los seis meses de vigencia de la Constitución”, sostiene una norma transitoria aprobada con carácter general.

Se propone que los artículos referidos al Poder Legislativo entren en vigencia el 11 de marzo de 2026 y lo mismo para los referidos al Presidente de la República.

La disposición establecida sobre la reelección del cargo de Presidente por una sola vez, no será aplicable al actual presidente.

También se sugirió que dentro de los dos años siguientes a la posible aprobación de la nueva Constitución, se promulgue una ley que introduzca todas las modificaciones necesarias en las normas electorales para que se elijan los escaños reservados a los pueblos indígenas.

Según explicó, los diputados terminarían su cuatrienio y luego se elegiría el nuevo Congreso; mientras que la mitad del Senado va a cumplir sus cuatro años y la otra quedaría con cuatro pendientes.

A continuación se describen algunas de las otras principales normas transitorias emitidas ayer por las comisiones de la Convención.

Sistema de Cuidado de la Salud

En la Comisión de Derechos Fundamentales se dio luz verde a una norma que establece que el Presidente deberá presentar un proyecto de ley que tenga por objeto la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Salud, incluyendo la integración de los hospitales a la red de prestadores públicos y los actuales centros médicos de las Fuerzas Armadas y del Orden, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la Constitución.

Expropiación

Otra norma consensuada establece que hasta que se dicte una nueva ley que regule las disposiciones de la nueva Constitución en materia de pago justo, las expropiaciones se regirán por las normas vigentes a la entrada en vigor de esta Constitución.

Las expropiaciones en trámite, así como las reclamaciones sobre las mismas y todos los procedimientos pendientes, continuarán en trámite, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Trabajo decente

También se propone que el Presidente presente un proyecto que tenga por objeto adecuar la normativa sobre trabajo digno y otra sobre libertad sindical, en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta Constitución.

Lo mismo para los ajustes a la Dirección del Trabajo.

cárceles de concesión

La Comisión de Justicia y Organismos Autónomos envió a la comisión una propuesta de normas transitorias que indica que los establecimientos penitenciarios privados de libertad que estén operando con alguno de sus servicios concesionados, estos deberán ser asumidos una vez vencido el plazo de la concesión, por Gendarmería.

Directores de la B. Central

Los nuevos directores del Banco Central (el pleno deberá resolver este viernes la propuesta de elevar de 5 a 7 sus integrantes) deberán ser designados en un plazo de 30 días, contados a partir de la entrada en vigencia de la Constitución.

Los actuales miembros del consejo permanecerán en sus cargos por el término para el cual fueron designados. Los nuevos miembros serán designados por las autoridades establecidas por la Constitución.

juzgados ambientales

Los Tribunales Ambientales serán creados por el Estado en un plazo máximo de 2 años a partir de la entrada en vigencia de la Constitución en aquellas regiones donde no existan.

La naturaleza y el SEIA

En el plazo de dos años, el Congreso Plurinacional deberá tramitar la ley orgánica que reglamente la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, la Agencia de Evaluación Ambiental sustituirá al SEIA, el cual se entenderá suprimido en el plazo que establezca la ley, la cual deberá dictarse en un plazo máximo de dos años a partir de la vigencia de la Constitución.

tribunales fiscales

Los Tribunales Fiscal y Aduanero, Tribunal de Cuentas, Tribunal de Contrataciones Públicas y Tribunal de la Propiedad Industrial, se fusionarán en los Tribunales Administrativos, como salas especializadas de los mismos, mediante la ley que regula los tribunales administrativos y su procedimiento.

denotarización

El legislador, en un plazo de dos años, deberá aprobar una ley que se encargará de avanzar en una progresiva “desnotarización” y simplificación de todo tipo de trámites; y, en el mismo plazo, se llamará a concurso público para los servicios notariales y registrales, de conformidad con el nuevo marco constitucional.

El sucesor del TC

El Tribunal Constitucional, que sustituirá al Tribunal Constitucional, deberá instalarse dentro de los cuatro meses siguientes a la entrada en vigor de esta Constitución.

Con todo, podrá instalarse y entrar en funcionamiento con al menos dos tercios de sus miembros.

El Tribunal Constitucional se entenderá abolido en su totalidad transcurridos seis meses de vigencia de la Constitución.

Los casos presentados ante el Tribunal Constitucional, al tiempo de la entrada en vigor de esta Constitución, continuarán siendo conocidos por éste hasta su sentencia firme.

Transcurrido un plazo por determinar, serán trasladados al Tribunal Constitucional, que asumirá su tramitación de acuerdo con el procedimiento vigente en el momento de su iniciación.

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Economia

Reforma al SEIA: no todo es lo que parece

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De buenas a primeras, este cambio no pareciera generar un conflicto jurídico, ya que se trataría de una adecuación del reglamento a la ley. Sin embargo, como ya nos ha acostumbrado el Gobierno, lo que se dice no es lo que se hace y no todo es lo que parece. En este caso, lo que pareciera ser una reforma que busca adecuar el reglamento a la ley, en realidad es una norma administrativa que trata materias legales, vulnerando abiertamente la Constitución.

“Lo que pareciera ser un cambio que busca adecuar el reglamento a la ley marco sobre cambio climático, en realidad es una norma administrativa que trata materias legales, vulnerando abiertamente la Constitución”.

¿Dónde se advierte esto?

Primero, en los contenidos exigidos para las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Como es sabido, se exige Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a los proyectos que generan impactos medioambientales (por ejemplo, que pongan en riesgo la salud de las personas), y por su parte, se exige DIA a aquellas actividades que no producen impactos ambientales significativos, por lo que el procedimiento de evaluación es simplificado y menos regulado. ¿Dónde se establece esto? En la Ley de Bases Generales de Medioambiente (Ley 19.300). Es la Ley, la norma que establece en qué casos se exigirá una DIA o un EIA y cuáles son las materias que deberá contener la respectiva declaración o estudio.

¿Qué hace la reforma al Reglamento del SEIA? Agregar el “plan de seguimiento de variables ambientales” como contenido mínimo a las DIA que, por ley, hoy sólo se exige a los EIA. ¿Cuál es la motivación de esta modificación? Queda en evidencia que el Gobierno pretende enmendar la Ley 19.300 vía administrativa, eludiendo el proceso legislativo, lo que no sólo vulnera la Carta Fundamental, sino que además amplía la competencia del SEA, complejizando aún más la gestión y aprobación de los proyectos.  Es importante tener en cuenta que los proyectos o actividades evaluados mediante EIA corresponden al 5% de los ingresos, mientras que el 95% a las DIA.

Segundo, al agregar a las DIA la exigencia de tener un plan de seguimiento ambiental, se busca ampliar la aplicación de la figura de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a casos donde la ley no lo ha considerado. Esto también contiene un vicio de inconstitucionalidad, ya que dicha ampliación debe necesariamente realizarse por ley.

Tan evidente son estos vicios que el propio proyecto de ley, conocido como “Evaluación Ambiental 2.0” ingresado por este Gobierno, justamente pretende modificar aquello que es incorporado inconstitucionalmente vía administrativa. Es decir, el Ejecutivo reconoce, en virtud de sus propios actos, que las modificaciones reglamentarias aludidas, son, en efecto, materias de ley.

En un contexto de aumento desempleo, de parálisis de la economía y de una burocracia sin precedentes parece inconcebible este tipo de “medidas”, que no sólo demuestran la indolencia de las autoridades, sino que, peor aún, transgreden las reglas constitucionales.

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Economia

A3D busca que Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, declare en caso de demanda por competencia desleal

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Economia

El verano trajo más turistas extranjeros al país, pero aún son menos que antes de la pandemia

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