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Quién es Gonzalo Guerrero, el más probable nuevo presidente de SQM

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Podría ser el cuarto presidente de SQM luego del ciclo de treinta años que encabezó Julio Ponce Lerou y que finalizó en 2015, a raíz de casos de financiamiento irregular de la política. Julio Ponce fue sucedido por el empresario Juan Antonio Guzmán, primero; su hermano Eugenio Ponce Lerou, posteriormente; y desde 2018 el expresidente de la CPC, Alberto Salas, cuyo nombre fue pactado con Corfo como parte de los acuerdos que renovaron los derechos de SQM sobre el litio a cambio de un mayor pago al fisco y cambios en su gobierno corporativo. Salas dejará de ser miembro del directorio y Pampa Calichera, el grupo con más poder en SQM, controlado por Ponce, es libre de proponer y elegir a su sucesor. Y el nombre más probable es el de Gonzalo Guerrero Yamamoto, quien se postula para el japonés Kowa, histórico aliado de Ponce. De ser ratificado a finales de abril, Guerrero será el quinto presidente de SQM desde 1987. Y encabezará la empresa que hoy tiene el valor bursátil más alto del mercado, con más de US$23.000 millones.

SQM tiene una elección de directorio el 26 de abril y hay nueve candidatos para ocho puestos. Pero hay siete que son prácticamente electos: los siete candidatos de la serie estratégica A. Los accionistas que postulan a sus candidatos tienen acciones suficientes para elegirlos. Calichera, el grupo de Julio Ponce, vuelve a postular a Patricio Contesse Fica y al exministro Hernán Büchi, así como a la enfermera Gina Ocqueteau. Tianqi, por su parte, elegirá a la australiana Ashley Ozols, la ex corresponsal jefe de la agencia Xinhua en América Latina Dang Qi y el chileno Antonio Schneider. El séptimo director será Gonzalo Guerrero, por Kowa. Y el octavo, elegido por la serie B, será el único donde habrá competencia, entre el exministro Laurence Golborne, quien tiene una amplia ventaja entre los ADR, y el exdirector general de Moneda Activo, Antonio Gil, candidato de la AFP.

Hasta marzo pasado, el presidente de SQM debía ser Alberto Salas, director independiente. Así lo acordaron en 2018 Corfo y Pampa Calichera, obligación que ya venció y que ahora permite al principal accionista de SQM votar discrecionalmente por el líder de la empresa. El cargo de presidente es relevante. De acuerdo con los estatutos de la empresa, en caso de empate en las discusiones del directorio, el presidente tiene un rol protagónico que ya ha sido utilizado anteriormente.

El grupo pampeano tuvo un dilema para elegir al sucesor de Salas. Si bien Patricio Contesse Fica, hoy vicepresidente de la empresa, era una opción para ese cargo, su histórica cercanía con Julio Ponce podría sumar un lastre para la empresa, más con un gobierno de signo diferente a los anteriores, hostil a la presencia privada. en el negocio del litio. Contesse, brazo derecho del expresidente de SQM, es hijo del exgerente general del mismo nombre que acompañó a Ponce hasta 2015. El mismo malestar con las nuevas autoridades podría ocurrir con Büchi, exministro de Hacienda en los años de Augusto Pinochet. . Y, finalmente, Ocqueteau acaba de llegar a la empresa y, por eso mismo, se descartó para el puesto.

Dada la relevancia del cargo, Pampa prefiere a alguien conocido y cercano al grupo. Y Guerrero lo tiene.

Gonzalo Guerrero, abogado de la Universidad de Chile, lleva seis años en SQM. Llegó en 2016, tras la reorganización del cuadro de la empresa tras el fatídico 2015. Su trayectoria empresarial es extensa: fue fiscal y director suplente durante más de siete años de Integramédica, la red de centros médicos que fundó y que en 2010 su padre, Francisco Guerrero Novoa, y sus socios vendieron por varias decenas de millones de dólares. También ha sido director durante 8 años de Asfaltos Chilenos, Vantrust Capital Asset Management y el club deportivo Palestino.

Pero su cercanía con Ponce viene de más atrás. Entre mayo de 2013 y abril de 2016 fue director de Oro Blanco, uno de los eslabones de las cascadas que desembocan en SQM. En ese período coincidió con el propio Julio Ponce, quien fuera presidente de Oro Blanco, su hermano Luis Eugenio y su hija Francisca Ponce. Guerrero participó en los Cascades en el período turbulento entre el caso Cascades y el descubrimiento de los pagos políticos. Su hoja de vida muestra otra conexión con Ponce: entre 2004 y 2007, Guerrero fue socio de Calderón y Compañía, la firma de abogados de su suegra, la abogada Darío Calderón, una de las mejores amigas de Julio Ponce.

Desde su cargo como director de SQM, Guerrero asumió un encargo especial del directorio: fortalecer los vínculos de la empresa con las comunidades aledañas al Salar de Atacama, donde SQM concentra sus principales operaciones. Guerrero, quien forma parte del comité de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de la empresa, ha organizado charlas con autoridades y líderes locales a las que han sido invitados directivos de la minera y ha participado en diálogos virtuales realizados a través del canal local Lickan TV. En su primer capítulo de una serie llamada “Conversaciones con Soqui”, Guerrero dijo que provenía de una familia que no era de mucha fortuna y había estudiado en una escuela subvencionada. Según quienes lo han conocido, tiene las habilidades para este cometido: es afable, bonachón, gran conversador que suele generar empatía en sus contrapartes. Por eso, creen quienes lo conocen, en el ejercicio del derecho desarrolló una veta como mediador y dirimidor de conflictos.

De estudiante fue políticamente cercano a Renovación Nacional: fue vicepresidente de la secundaria en la campaña de Hernán Büchi, con quien ahora comparte directorio, y en la universidad presidió el frente universitario RN y fue candidato a presidente. del sindicato de estudiantes. Tiene un hermano, Xavier, discípulo de Alejandro Jodorowsky, que dejó la ingeniería industrial, a riesgo de ser desheredado, para dedicarse al cine.

En el programa en línea de Lickan TV, Guerrero también ha asumido las heridas de los escándalos pasados ​​de SQM, una mala imagen que la empresa ratificó en una consultoría encargada por McKinsey hace algunos años. En septiembre de 2021, En diálogo con el intendente de San Pedro, Justo Zuleta, Guerrero dijo: “El gran responsable de la desconfianza hacia nosotros hoy somos nosotros mismos. Tenemos situaciones en el pasado que han empañado nuestra imagen. Constantemente estamos superando eso. Estamos tranquilos con nuestro pasado. Pero para que la gente nos crea, tenemos que demostrarlo con hechos”, se sincera.

La condición de director de SQM es una de las más rentables del mercado chileno. En 2021, por ejemplo, por pagos fijos, variables y comités, Guerrero recibió $303 millones en compensación bruta. En 2020 fue de $ 384 millones. El año pasado, sin embargo, consiguió un poco más. Según el informe de 2021 de SQM, Guerrero acordó con la empresa un “contrato de consultoría” que no detalla motivos ni montos. Pero fue la junta directiva la que acordó remunerar el trabajo de Guerrero con las comunidades del norte, a propuesta del gerente general, Ricardo Ramos. El cargo de presidente de SQM, sin embargo, es el mejor pagado. En 2021, Alberto Salas ganó $480 millones y un año antes, $706 millones.

Guerrero representa a Kowa, una empresa japonesa que fue aliada histórica de Ponce: durante años tuvieron un pacto de acción conjunta que tuvieron que deshacer formalmente por orden de Corfo. Hijo de Jessica Yamamoto, ha dicho que su apellido materno facilitó su acercamiento a Kowa.

Si todo sale según lo planeado, a fines de abril será el nuevo presidente de SQM. El puesto empresarial más alto que ocupará en diciembre, cuando cumpla 50 años

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Dos carabineros vinculados a la Alianza Mapuche Lafkenche fueron detenidos

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La Policía de Investigaciones, con apoyo de la Armada, llevó a cabo un megaoperativo esta madrugada para desarticular la agrupación Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) en la macrozona sur.

Varios domicilios fueron allanados en las comunas de Curanilahue y Cañete en el marco de órdenes judiciales de entrada y registro.

Al menos 11 personas que estarían vinculados al liderazgo de la orgánica denominada Resistencia Mapuche Lavkenche fueron detenidas. Además, la policía incautó armas de fuego, municiones y teléfonos celulares.

Entre los aprehendidos se encontrarían dos carabineros, uno en servicio activo y otro retiro. A los líderes de la organización se les imputan diversos delitos de violencia rural, robo de maderas y atentados incendiarios.

El carabinero en retiro se desempeñaba en la Comisaría de Curanilahue, en tanto, el uniformado en servicio activo realizaba labores en Los Álamos.

Los detenidos fueron trasladados al cuartel de la PDI en Talcahuano.

Durante la jornada las autoridades policiales de la región del Biobío darán a conocer mayores detalles de este operativo.

El 13 de agosto la PDI detuvo a otro integrante de la organización. El sujeto fue acusado de delitos de violencia rural, registrados en la zona sur de la provincia de Arauco, región del Biobío.

Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) opera en la zona costera y cerca de la cordillera de Nahuelbuta, en Arauco, Biobío. Su primera aparición pública fue el 13 de abril de 2020, cuando se adjudicó un ataque armado en contra de civiles y Carabineros que se trasladaban por la Ruta P-72S, en Lleulleu, Tirúa. También lo hizo con la detonación de bombas en un auto con el fin de destruir el Puente Lleulleu.

Según antecedentes policiales, se compone de grupos violentos que operarían como crimen organizado, ligados a la comisión de ilícitos comunes, especialmente al robo de madera e infracción a la ley de armas. No habría un mando vertical marcado en su organización y cuando atacan, lo hacen de a cinco a 15 integrantes, encapuchados, armados y vestidos de militares. Los investigadores estiman que buscan mantener el conflicto en la zona para cometer delitos comunes. Sus blancos son generalmente forestales, antenas de comunicaciones, casas de veraneo, además de vehículos civiles y policiales.

Entre los actores relevantes de este grupo que identifican las policías está Ramón Llanquileo Pilquimán, condenado por el ataque al fiscal Mario Elgueta en el sector Puerto Choque, en octubre de 2008. Otro integrante, según fuentes policiales, es Ociel Santi Paine, detenido en febrero de 2013 por agredir a cuatro funcionarios de la PDI en Cañete, luego de un allanamiento a la casa de su familia. También figura Domingo Mariñán Millahual, aprehendido en julio de 2019 por Carabineros tras los disparos que el dueño de una parcela realizó en defensa propia en la localidad de Tranaquepe, en Arauco, dejando a un encapuchado fallecido que sería luego identificado como Lemuel Fernández. Mariñán terminó lesionado por un disparo en el tórax.

A principios de abril de 2022, cuando el gobierno de Gabriel Boric analizaba retomar el estado de excepción que había culminado su vigencia, en Contulmo, 15 viviendas resultaron quemadas en las orillas del Lago Lanalhue luego que 40 encapuchados irrumpieran en un camping efectuando disparos. Robaron vehículos y bloquearon la ruta para facilitar su huida. La Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) se adjudicó el ataque.

También se adjudicaron el ataque al molino Grollmus de Contulmo. Allí los atacantes realizaron disparos y procedieron a quemar el molino, así como el Ecomuseo aledaño a la estructura. Tres personas resultaron heridas de gravedad.

#Dos #carabineros #vinculados #Alianza #Mapuche #Lafkenche #fueron #detenidos
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El Banco de Inglaterra decide mantener la tasa

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El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra ha decidido mantener la tasa de interés de referencia para sus operaciones en el 5,25%, su nivel más alto desde abril de 2008, según ha anunciado la institución, muy dividida en la toma de sus decisiones.

De esta forma, se interrumpe la secuencia de catorce reuniones consecutivas de incrementos del precio del dinero. No obstante, el instituto emisor ha comunicado que la votación ha estado muy reñida, con cinco de sus miembros a favor de pausar los tipos frente a los cuatro que abogaban por una nueva subida de 25 puntos básicos, en línea con el alza del anterior cónclave.

En la cita de agosto, la decisión de subir los tipos en 25 puntos básicos contó con seis votos a favor, mientras que otros dos miembros del Comité votaron a favor de elevar la tasa en 50 puntos básicos y uno optó por mantenerla en el 5%, lo que ya apuntaba a la creciente división interna en el órgano de decisión del banco central.

El Comité sigue considerando que los riesgos en torno a la previsión de inflación “están sesgados al alza”, aunque en menor medida que en mayo, lo que refleja la posibilidad de que los efectos de segunda ronda de ‘shocks’ de los costes externos de la inflación sobre los salarios y los precios “tardan más en desplegarse que en aparecer”.

En desarrollo…

#Banco #Inglaterra #decide #mantener #tasa
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Ley de Usurpaciones: La Moneda se inclina por un veto que sustituya todo el proyecto

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A más tardar el próximo viernes 29 de septiembre el gobierno debe enviar sus observaciones al proyecto de ley que endurece las medidas en contra de la usurpación de propiedades, que fue despachado el 30 de agosto pasado por el Congreso.

La Constitución le concede un plazo de 30 días al Presidente de la República, Gabriel Boric, para devolver el texto al Poder Legislativo con sus respectivas observaciones, también llamadas “vetos” en la jerga legislativa.

En este caso, se trataría de un veto sustitutivo “global”, es decir, el documento que ingresará el Ejecutivo reemplazará todo el texto que aprobaron el Senado y la Cámara. Ello obliga al oficialismo y a las fuerzas opositoras y no alineadas (como la DC, PDG, Amarillos y Demócratas) a votar la propuesta del gobierno como si fuera un paquete cerrado.

El planteamiento gubernamental requiere sólo de una mayoría simple en ambas ramas del Congreso para ser aprobado. Sin embargo, si es rechazado, no habría ley, por el mismo hecho de que el veto reemplaza en forma íntegra el escrito despachado por el Parlamento.

En caso de que fuera desechado este veto presidencial, la Constitución da una última chance, que los senadores y diputados reúnan dos tercios de ambas cámaras para imponer el texto original que el Presidente se resistió a promulgar. No obstante, reunir dos tercios del Congreso (33 senadores y 89 diputados) es una tarea casi imposible para la oposición.

Cómo estará redactado el veto en sus detalles aún no está zanjado. De hecho en el Ejecutivo aseguran que las alternativas están abiertas. Sin embargo, este miércoles en una reunión realizada en La Moneda, encabezada por la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, un grupo de diputados oficialistas fue informado de la estrategia, según confirman desde distintas bancadas de la alianza gubernamental.

“Será un veto sustitutivo global”, comentó el diputado Leonardo Soto (PS), quien fue uno de los asistentes al encuentro. A su juicio, la propuesta gubernamental igualmente “rescata la mayoría de las normas aprobadas por el Congreso en contra de la usurpación, establece procedimientos simplificados de recuperación por parte de la fuerza pública, pero también suprime los aspectos más cuestionables” del texto que aprobó el Parlamento.

De hecho, el objetivo principal del veto anunciado por el gobierno era eliminar la “legítima defensa privilegiada”, que le otorgaba a un privado el derecho de poder recuperar por la fuerza propia (sin auxilio de Carabineros) su propiedad usurpada. Ese principio sumado a la figura de la “flagrancia permanente”, es decir mientras dure la toma, el delito se sigue cometiendo, permitía a particulares proceder en cualquier momento para rescatar sus inmuebles.

El diputado Jaime Araya (Independiente PPD), integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, señala que “será un veto sustitutivo que hemos ido concordando”.

En la cita además participaron los diputados Andrés Giordano (Independiente Frente Amplio) y Lorena Fríes (Convergencia Social), Luis Cuello (PC), Alejandra Placencia (PC), Raúl Leiva (PS), Marta González (Indep. PPD), además de Soto y Araya.

Junto a la subsecretaria Lobos, en representación del asesor del Ministerio del Interior, estaba el asesor jurídico de la ministra Carolina Tohá, Rafael Collao.

El diputado Giordano comentó que en la reunión también le presentaron al gobierno “una carta suscrita por más de 150 organizaciones, expresando nuestra preocupación por el artículo del actual texto que pone en jaque formas de manifestación (ocupaciones) en el marco del derecho a huelga y pedimos al Ejecutivo que tenga en consideración esto para el veto”.

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