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Economia

Sernac sin dientes | Diario Financiero

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Jaime Lorenzini Barría, abogado, Doctor en Derecho, socio de Lorenzini-Twyman Abogados

Jaime Lorenzini Barría

Es muy tentador ceder a los cantos que claman por un organismo de protección al consumidor con las mayores facultades disponibles en el ordenamiento jurídico y con reconocimiento constitucional. Sin embargo, es importante hacer las cosas con un diagnóstico sólido.

Sin ella, es irresponsable hacer políticas públicas. Una correcta evaluación de la situación existente es un paso necesario para confirmar si el marco regulatorio actual es adecuado o no.

Algunos elementos a considerar en este diagnóstico son los siguientes. Primero. Cada año se otorgan millones de dólares a los consumidores en compensación por violaciones de la ley. Esta no es la realidad en América Latina. Los cambios de gobierno no han afectado la labor del Sernac, tanto en la prensa como en los tribunales, protegiendo los derechos de los consumidores. A pesar de lo atractivo del eslogan, es completamente incorrecto decir hoy en Chile que el Sernac es un león desdentado.

Segundo. No solo el Sernac, sino también las asociaciones de consumidores han tenido la reputación de defender con éxito a los consumidores en las batallas judiciales. No todo es Estado, entonces.

Tercera. Los resultados de políticas públicas mal evaluadas y mal diseñadas generan expectativas desmesuradas que luego resultan absolutamente letra muerta: Sello Sernac (ningún proveedor contaba con este sello de confianza), Crédito Universal (nunca utilizado) y más recientemente, los Programas de Cumplimiento aprobados por el Sernac (ninguno aprobado).

Cuatro. No todo es garrote. El legislador ha creído erróneamente que basta con aumentar una y otra vez el monto de las multas para lograr resultados eficientes. Es un error enamorarse de una herramienta (el poder sancionador), ya que lo importante no es el mecanismo en sí, sino los resultados que se pretenden alcanzar. Si tal vez se quiere avanzar en esta línea, entonces debería optarse por un diseño que evite los problemas de agencia y los resultados indeseables de la concentración de poderes excesivos -algunos de ellos incompatibles entre sí- en un mismo organismo público.

Un buen diagnóstico confirmaría que los resultados obtenidos, que sin duda son mejorables y conducentes a sucesivas mejoras en diversas áreas, pueden alcanzarse perfectamente sin que sea necesario buscar el reconocimiento constitucional de una agencia estatal en esta materia. Un planteamiento como este no ha advertido de los impactos que podría acarrear una solución de este tipo: debe prestarse especial atención a que este organismo no se convierta en un supraórgano del Estado, con competencias y atribuciones omnímodas sobre los órganos sectoriales. , para evitar resultados no deseados como una doble sanción por determinadas conductas de un proveedor (incumplimiento de la normativa sectorial y de la Ley de Protección al Consumidor).

Puede ser doloroso derribar algunos mitos, pero seguir enamorándonos de consignas que no cuentan con el apoyo adecuado genera peores resultados en las políticas públicas. La protección al consumidor es algo serio, y no es aceptable improvisar soluciones sin haber realizado una evaluación objetiva y transparente de las reformas y mecanismos legales que se han diseñado hasta la fecha en esta materia.

#Sernac #sin #dientes #Diario #Financiero

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Reforma al SEIA: no todo es lo que parece

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De buenas a primeras, este cambio no pareciera generar un conflicto jurídico, ya que se trataría de una adecuación del reglamento a la ley. Sin embargo, como ya nos ha acostumbrado el Gobierno, lo que se dice no es lo que se hace y no todo es lo que parece. En este caso, lo que pareciera ser una reforma que busca adecuar el reglamento a la ley, en realidad es una norma administrativa que trata materias legales, vulnerando abiertamente la Constitución.

“Lo que pareciera ser un cambio que busca adecuar el reglamento a la ley marco sobre cambio climático, en realidad es una norma administrativa que trata materias legales, vulnerando abiertamente la Constitución”.

¿Dónde se advierte esto?

Primero, en los contenidos exigidos para las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Como es sabido, se exige Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a los proyectos que generan impactos medioambientales (por ejemplo, que pongan en riesgo la salud de las personas), y por su parte, se exige DIA a aquellas actividades que no producen impactos ambientales significativos, por lo que el procedimiento de evaluación es simplificado y menos regulado. ¿Dónde se establece esto? En la Ley de Bases Generales de Medioambiente (Ley 19.300). Es la Ley, la norma que establece en qué casos se exigirá una DIA o un EIA y cuáles son las materias que deberá contener la respectiva declaración o estudio.

¿Qué hace la reforma al Reglamento del SEIA? Agregar el “plan de seguimiento de variables ambientales” como contenido mínimo a las DIA que, por ley, hoy sólo se exige a los EIA. ¿Cuál es la motivación de esta modificación? Queda en evidencia que el Gobierno pretende enmendar la Ley 19.300 vía administrativa, eludiendo el proceso legislativo, lo que no sólo vulnera la Carta Fundamental, sino que además amplía la competencia del SEA, complejizando aún más la gestión y aprobación de los proyectos.  Es importante tener en cuenta que los proyectos o actividades evaluados mediante EIA corresponden al 5% de los ingresos, mientras que el 95% a las DIA.

Segundo, al agregar a las DIA la exigencia de tener un plan de seguimiento ambiental, se busca ampliar la aplicación de la figura de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a casos donde la ley no lo ha considerado. Esto también contiene un vicio de inconstitucionalidad, ya que dicha ampliación debe necesariamente realizarse por ley.

Tan evidente son estos vicios que el propio proyecto de ley, conocido como “Evaluación Ambiental 2.0” ingresado por este Gobierno, justamente pretende modificar aquello que es incorporado inconstitucionalmente vía administrativa. Es decir, el Ejecutivo reconoce, en virtud de sus propios actos, que las modificaciones reglamentarias aludidas, son, en efecto, materias de ley.

En un contexto de aumento desempleo, de parálisis de la economía y de una burocracia sin precedentes parece inconcebible este tipo de “medidas”, que no sólo demuestran la indolencia de las autoridades, sino que, peor aún, transgreden las reglas constitucionales.

#Reforma #SEIA #todo #parece

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A3D busca que Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, declare en caso de demanda por competencia desleal

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El verano trajo más turistas extranjeros al país, pero aún son menos que antes de la pandemia

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