Uno de los conceptos que debutará si se aprueba la nueva Constitución será el de pluralismo jurídico, que reconoce los ordenamientos jurídicos de los pueblos indígenas en convivencia y coordinación con el Sistema Nacional de Justicia. Se trata, como suelen coincidir los abogados convocados por el Distrito Federal este lunes, de darle espacio a las costumbres indígenas como fuente de derecho y, como tal, se alinea con la plurinacionalidad enunciada en la carta fundamental.
De ahí que la opinión mayoritaria sugiera que la ley deberá resolver la coordinación, así como los alcances de uno y otro bajo la lógica de que ambos sistemas se apegan al respeto a los derechos fundamentales establecidos por la propia Carta Magna.
Marisol Peña, profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad Del Desarrollo; Tomás Jordán, profesor de derecho constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y coordinador del Observatorio Nueva Constitución; Claudia Sarmiento, profesora de derecho constitucional de la Universidad Alberto Hurtado; y José Francisco García, profesor de derecho constitucional de la Universidad Católica, ahondaron en el alcance de seis temas ya presentes en el texto en construcción. El ejercicio buscó responder parte de las dudas que con mayor frecuencia repiten hoy los ciudadanos.
Principales propuestas del borrador
pluralismo jurídico. El Estado reconoce los ordenamientos jurídicos de los Pueblos Indígenas, que en virtud de su derecho a la libre determinación conviven coordinados en igualdad de condiciones con el Sistema Nacional de Justicia.
Deberán respetar los derechos fundamentales establecidos por esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile sea parte. La ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y resolución de conflictos de competencia entre los ordenamientos jurídicos indígenas y las entidades estatales.
Acceso a la justicia intercultural. Es deber del Estado velar por que los órganos intervinientes en el proceso respeten y promuevan el derecho de acceso a la justicia con una perspectiva intercultural.
Las personas tienen derecho a asistencia jurídica especializada, intérpretes, facilitadores interculturales y peritajes consultivos, cuando así lo requieran y no puedan hacerlo por sí mismas.
Tribunales Administrativos. Los Tribunales Administrativos conocen y resuelven las acciones dirigidas contra la Administración del Estado o promovidas por ésta y las demás materias que establezca la ley.
Habrá por lo menos un Tribunal Administrativo en cada región del país, el cual podrá funcionar en salas especializadas.
Los asuntos dentro de la jurisdicción de estos tribunales no pueden someterse a arbitraje.
La ley establecerá un procedimiento unificado, sencillo y expedito para conocer y resolver tales asuntos.
Impugnaciones contra las decisiones de la jurisdicción indígena. La Corte Suprema conocerá y resolverá las impugnaciones deducidas contra las decisiones de la jurisdicción indígena, en sala especializada y asistida por un equipo técnico asesor integrado por expertos en su cultura y derecho propio, en la forma que establezca la ley.
Consejo de Justicia. El Consejo de Justicia es un órgano autónomo, técnico, paritario y plurinacional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto fortalecer la independencia judicial. Tiene a su cargo el nombramiento, gobierno, dirección, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia.
Sarmiento: respeto a los derechos fundamentales
En la actualidad, gráfica la abogada Claudia Sarmiento, la fuente del derecho, de donde se generan las normas, es un sistema donde existen dos órganos colegisladores: el Presidente y el Congreso, a lo que se suma la interpretación de los tribunales. Pero, en la medida en que se reconozca el plurinacionalismo, esa forma le otorgará valor a la costumbre indígena como fuente de derecho. Así nacerá un sistema de justicia, es decir, “un grupo de personas que van a decir ‘soy juez y como juez en tierras indígenas digo lo que es el derecho indígena’”. Y ese es un proceso que se va a entregar a la ley, con los lineamientos generales de la Constitución que se propone plebiscitar en septiembre. Todo, bajo la lógica del respeto a los derechos fundamentales y un escenario, donde Sarmiento estima que la Corte Suprema será la instancia que, en última instancia, unifique cuál es la última interpretación de la ley.
Jordán: la oportunidad que la Convención perdió
Entendiendo que el pluralismo jurídico se circunscribe a la costumbre de los pueblos originarios en función de cómo resuelven sus problemas, Tomás Jordán considera un error que la Convención Constitucional no haya precisado los alcances de este cambio, es decir, a quiénes afecta, las materias que domicilio y lugar a que se refiere. En el caso de Bolivia, explica que la Constitución regula que sea entre personas que pertenecen a un mismo pueblo y los temas que se traten. Lo anterior, además, bajo un paraguas que sea consistente con el respeto a los parámetros establecidos por la misma carta fundamental. “Ninguna costumbre indígena podría pasar a portar derechos fundamentales y derechos humanos”, destaca. En todo caso, no ve este concepto como uno de los más difíciles de la Constitución. En su opinión, ha habido una crítica “sobredimensionada”.
estado colonial, el punto de partida de Peña
Para Marisol Peña, el pluralismo jurídico parte de la constatación de un Estado colonial que no ha sido capaz de reconocer la existencia de culturas ancestrales con una cosmovisión compatible con la forma en que el Estado se ha organizado y decidido su convivencia. Dicho lo anterior, considera que la preocupación actual sobre el tema surge por el hecho de que este nuevo sistema o sistemas de justicia indígena estarán constituidos por costumbres ancestrales, asumiendo un plano de igualdad con el llamado Sistema Nacional de Justicia, que en el la práctica ha demostrado que “no es así”. “Esto no me parece que fluya exactamente igual de la lectura de la norma constitucional tal como es”, dice. Y, por tanto, es materia que tendría que determinar la ley, la coordinación de los dos sistemas, la cooperación, la resolución de los conflictos de competencia.
García y el factor de la interculturalidad
Aunque José García señala que la Convención podría haber puesto “límites” más claros al pluralismo jurídico en la Constitución -lo que habría dejado a “varios” respirando con tranquilidad y evitado los “excesos retóricos” de las críticas-, añade un aspecto al debate: la interculturalidad. . Es decir, más allá de la coordinación e igualdad que debe prevalecer en la convivencia del nuevo régimen, se pregunta qué sucede si los miembros de las comunidades indígenas acuden al Sistema Nacional de Justicia, cuál es el papel que tiene su derecho y cuáles son las condiciones de acceso. Esto, dice, es similar al estándar de enfoque de género que se requiere desde la perspectiva jurisdiccional. Se trata, profundiza, de conocer mejor a la persona involucrada, pero no como una acción afirmativa de resultado, sino en el sentido de darle más imparcialidad al juez que está fallando y que está fallando el asunto.
La representante nacional del para tenis de mesa, Florencia Pérez, ganó este viernes la cuarta medalla de bronce para Chile en los Juegos Olímpicos de París 2024, en un encuentro de semifinales en la categoría WS8 de la disciplina deportiva.
Pese a ser derrotada ante la china Wenjuan Huang, que se impuso en el partido por 11-5, 11-7 y 11-8, la joven de Chillán llega a la historia como la medallista más joven en lograr una presea en los Juegos Olímpicos para Chile, representando al país en Francia con sólo 15 años.
Así, Florencia Pérez concluye su paso por la edición 2024 de los Juegos Olímpicos en la capital francesa, donde ya había asegurado su medalla en caso de caer en la semifinal, dado que en el para tenis de mesa no existe una definición para el bronce dentro de un partido.
Chile acumula cuatro medallas de bronce en los Juegos Paraolímpicos, luego del brillante rendimiento del nadador Alberto Abarza que ganó tres metálicas en su disciplina.
La tramitación del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias ya entró en tierra derecha.
La comisión de Hacienda del Senado ha despachado varios artículos a Sala, los que se relacionan con temas claves como la nueva gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), la nueva forma de aplicar la Norma General Antielusiva (NGA) y la flexibilización del levantamiento del secreto bancario. Se espera que el proyecto se despache a Sala el próximo lunes, para ser votado el miércoles.
Una de las bancadas que tendrá que pronunciarse sobre el proyecto es Demócratas. Un documento de la tienda presidida por Ximena Rincón valora una serie de materias propuestas vía indicaciones por Hacienda, pero también pide aclaraciones en varios puntos del texto.
Así, el texto define ocho temas que consideran van “en la línea de lo correcto”: que se respete el principio de especialidad en materia de Norma Antielusiva; que en caso de aplicar una Norma Especial Antielusión, no se puede aplicar la Norma General Antielusión (NGA) y viceversa, además de que se mantenga la aplicación de la norma a regímenes especiales; que la NGA requiera recomendación del Comité Ejecutivo del Servicio de Impuestos Internos (SII); la creación del Departamento de Normas Generales Antielusión; que se amplíen los plazos para aplicación de la NGA vía suspensión; y que se establece obligación de un apoderado común para grupos empresariales.
La tienda también valora los ajustes que hizo Hacienda a las normas de relación para efectos de fiscalizar a contribuyentes o grupos económicos, fijando que dos o más partes se considerarán relacionadas cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias: unidad de dirección o administración; dependencia económica o financiera entre las partes; relación de parentesco entre las personas o sus administradores o directores, considerando al o la cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes y parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; y comercialización de bienes o servicios idénticos o similares bajo una misma denominación o marca.
También destacan que no aplicará la facultad de tasación del SII para fusiones, divisiones, ni otros tipos de reorganizaciones con legítima razón de negocios.
Lo que falta
Pese a que Demócratas destaca varias aclaraciones que hizo el Ejecutivo al proyecto tributario, el documento enumera 17 temas que consideran deben ser “perfeccionados”.
Por ejemplo, señalan que se puede perfeccionar la redacción respecto a los abusos de formas jurídicas en la NGA para evitar “malas interpretaciones, sobre todo en las últimas indicaciones presentadas”.
También, en el marco del secreto bancario, proponen agregar que toda comunicación entre la institución financiera y el SII debiese ir con copia al contribuyente. Postulan que se deberían enviar al SII todas las transacciones para consolidar las 50 operaciones de cuentas distintas, en el marco del artículo que busca fiscalizar las transferencias bancarias reiteradas recibidas por un contribuyente.
Demócratas considera muy baja la multa por traslado de mercaderías falsas o sin pago de impuestos, de 20% al 300% de 1 UTA ($ 160.000 a $ 2.400.000). A su vez, critican la eliminación de los incentivos tributarios a las donaciones hasta 250 UTM ($ 16 millones) a legitimarios y asignatarios.
Si bien destacan que se reglamenta el nuevo comité ejecutivo y el consejo tributario con amplias facultades para servir de contrapeso a la dirección del SII, dado el tipo de designación de integrantes “vale la pena pensar si asegura la independencia que se busca o mejor ahorrar recursos”.
En cuanto a las exigencias de información a vendedores habituales de bienes muebles usados, piden aclarar el alcance de la obligación a cualquier operación de compra y venta que supere las 50 UTM o su equivalente en moneda extranjera que deberán efectuarse siempre a través de medios de pago electrónicos o cualquier otro medio de pago que permita la individualización del pagador.
Aunque destacan las mayores facultades que tendrá la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), creen relevante tratar la gobernanza del SII junto con los grados de libertad de la defensoría para generar equilibrios entre las obligaciones y derechos.
La indicación al Art.89 será un “dique difícil de sortear”, ya que creen que un certificado de situación tributaria al día para las Pymes es “difícil de cumplir, por lo que debiese bastar con iniciación de actividades.
También, piden que haya “coherencia” entre el denunciante anónimo y el nuevo proceso de autodenuncia que se crea para contribuyentes, en el sentido que solo puede aplicarse a diferencias de impuestos que podrían fundarse en hechos constitutivos de delito tributario.
En cuanto al Consejo Tributario, cree relevante que no solo pueda opinar sobre las circulares del SII, sino también sobre los oficios que emitan el director nacional y los directores regionales en el ejercicio de su facultad de interpretar administrativamente las leyes tributarias
En caso de reorganización empresarial (fusión), se establece que la continuadora legal (absorbente) mantendrá el beneficio o la autorización otorgada a la absorbida para obtener de forma previa a la materialización de la exportación el reembolso del IVA exportador: “Habría que dejar expresamente establecido que ello no suspende ni interrumpe el plazo otorgado al exportador absorbido para materializar la exportación”, pide la tienda.
En consejo de gabinete, Boric pide a ministros acelerar aprobación de la reforma de pensiones y cumplimiento tributario: “No es fácil, pero las vamos a sacar adelante”
El Presidente de la República, Gabriel Boric, lideró este viernes un nuevo consejo de gabinete de ministros en La Moneda. La autoridad entregó palabras al inicio de la reunión, llamando a sus colaboradores a no relajarse y seguir adelante con sus tareas.
“Estamos en un momento de realizaciones, de cosechar lo que hemos ido sembrando y eso requiere mucho trabajo. La cosecha no emerge sola, por lo tanto, tenemos que estar con la gente y atentos a sus necesidades y materializando las reformas que hemos impulsado”, señaló el mandatario a sus secretarios de Estado.
Boric agregó que “sé que puede haber cansancio luego de dos años y medio, queda solo un año medio, pero queda mucho por hacer, no hay espacio para el relajo”.
El Presidente les solicitó “estar firmes con presencia activa y materializando los cambios con que nos hemos comprometido con el país. Estoy motivado, hay motivos para estar optimistas, pero no confiados, depende del trabajo que hagamos y esas son las tareas que debemos afinar”.
El mandatario destacó los avances en reforma de pensiones y el pacto fiscal, al señalar que “felicito el empeño del ministro Marcel y la ministra Jara, en que las reformas de cumplimiento tributario y de sistema de pensiones, que algunos llamaban incluso a desahuciar, estén avanzando y encaminadas. No es fácil, todavía quedan cosas por hacer pero las vamos a sacar adelante”.
Boric además reiteró que durante septiembre se va a ingresar y retomar la discusión sobre la eutanasia y el proyecto que termina con el Crédito con Aval del Estado (CAE) e instaura un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior.